La hora de dialogar, pero sin concesiones

02.10.2017 | 04:45

El referéndum ilegal, convertido en golpe de Estado contra la voluntad de los españoles expresada en la Constitución y promovido por la Generalidad de Cataluña, ha sido un fracaso estrepitoso y se ha convertido en una burla, una pantomima organizada sin el mínimo rastro de garantías democráticas en medio de la tensión ciudadana, en una de las jornadas más dolorosas y vergonzosas para nuestro país al menos desde la dictadura.
La consulta ilegalizada por los jueces no cumplió ni siquiera con las condiciones que los propios golpistas se habían impuesto: sin censo, sin mesas legalmente constituidas, sin interventores, con papeletas impresas en casa, sin sobres (lo que permitía que los votantes introdujeran más de una papeleta), con unas condiciones que se cambiaron 45 minutos antes de la apertura de los supuestos colegios, y con un recuento precocinado cuyos resultados están fijados de antemano.
Los únicos culpables del lamentable espectáculo que ofreció ayer Cataluña al mundo son los dirigentes de la Generalidad, los partidos secesionistas y anarquistas que la sostienen, la presidencia del Parlamento catalán y las organizaciones supuestamente ciudadanas, pero pagadas por el Gobierno autónomo, que han llevado engañados a los ciudadanos de esa parte de la nación a odiar a España.
Aunque han fracasado en la consulta, Puigdemont, Junqueras, Mas, Forcadell y sus adláteres consiguieron ayer su objetivo, que no era otro que lanzar a las masas adoctrinadas a la calle, provocar incidentes y causar un grave daño a la imagen internacional de España. Lo de menos son sus cuentas caseras sobre el resultado, porque les da igual. Salvo un imprevisible ataque de cordura, seguirán adelante con su escalada de tensión y de ataque a la democracia, a los derechos de los no nacionalistas, a ley, a la Constitución, a la Justicia y a las instituciones del Estado al que pertenecen.
El presidente Mariano Rajoy, en una intervención mesurada y apaciguadora, llamó a los dirigentes separatistas a retomar el camino de la ley y la convivencia y aplaudió la actuación de las fuerzas del orden y de las autoridades del Estado en la defensa de la Constitución.
Tras las algaradas y los disturbios de la jornada, hay que reconocer la acción valiente, proporcionada y medida de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los agentes del orden se limitaron a cumplir y hacer cumplir la ley, siguiendo las instrucciones de los jueces, y en concreto del propio Tribunal de Justicia de Cataluña. Es mentira que actuaran contra quienes estaban votando: se limitaron, por lo que sabemos, a utilizar el recurso a la fuerza contra quienes les impedían cerrar los colegios y requisar las urnas en cumplimiento de órdenes judiciales.
Es verdad que, por desgracia y ante la actitud obstinada y agresiva de los activistas que apoyaban los actos ilegales desarrollados en los supuestos colegios electorales, se produjo un elevado número de contusionados, algunos de cierta consideración. En ningún caso muy graves, y seguramente no tantos como sumaban ayer las autoridades rebeldes de la Generalidad.
El incumplimiento del deber de mantener el orden por parte de los Mossos fue bochornosa y evidente, y no debería quedar sin castigo.
Igualmente resulta decepcionante la equidistancia que demostró en algunos momentos Pedro Sánchez al criticar a la Policía y al Gobierno casi tanto como a la Generalidad, como si fuese lo mismo delinquir que defender la ley, aunque por el momento mantiene su apoyo a la gobernabilidad del país.
Además de tender la mano a los rebeldes e invitarles a recuperar la normalidad y la convivencia, Rajoy anunció que se reunirá con los líderes de las formaciones mayoritarias, en lo que se antoja una obligada imagen de unidad de los partidos constitucionalistas (Podemos está con los sublevados), ante la consumación, en modo ´mascarada´, del desafío secesionista.
A partir de hoy hay que seguir exigiendo a Puigdemont y sus compañeros de algarada que pongan fin a esta farsa, pero si, como prometió ayer Puigdemont, declaran la independencia, el Gobierno debería suspender la autonomía aplicando el artículo 155 de la Constitución, cuyas condiciones ha cumplido y rebasado sobradamente la Generalidad. Al mismo tiempo, hay que confiar en que los jueces y fiscales actúen contra los representantes del Estado español en Cataluña, es decir, contra los dirigentes del Ejecutivo autónomo, y contra los líderes del levantamiento callejero que tanto daño provocaron ayer a los catalanes y a los españoles.

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