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Román Álvarez
Miércoles, 9 de enero 2019, 13:32
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Es un tópico. Pero algo de verdad hay en un aserto que roza el lugar común. Los presupuestos destinados a investigación han sufrido considerables recortes en los últimos años. Por si fuera poco, Hacienda ha estado acosando a los investigadores en un afán recaudatorio digno de mejor causa, hasta el punto de presentarlos ante la sociedad casi como peligrosos estafadores y saqueadores de las arcas del Estado. Horas sin cuento han tenido que dedicar los administrativos universitarios a seguirle la pista a un billete de metro o autobús de hace varios años (extraviado y no contabilizado correctamente), a una dieta de manutención con menú del día (opaca a los ojos fiscalizadores), o a localizar una impresora dada de baja por obsoleta. Nada hay en contra de justificar hasta el último céntimo de dinero público asignado a investigadores cuyos proyectos han de pasar por varios filtros. Máxime cuando en España se ha estado robando a mansalva durante años, como atestiguan los múltiples casos de corruptelas políticas que, en imparable goteo, desembocan poco a poco en los tribunales. Pero el celo fiscalizador parece excesivo cuando organismos ajenos a la universidad han dado ya por buenos unos informes económicos que, años más tarde, vuelven a ponerse en tela de juicio por empresas auditoras contratadas al efecto; o cuando algunas normas de justificación se definen a posteriori y se aplican con retroactividad. Parafraseando a Roland Barthes, en una conferencia en el Colegio de Francia en 1977, se podría decir que los investigadores pasan de una edad en la que enseñan lo que saben a una en la que enseñan lo que no saben. No es una paradoja.Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA
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