Lo que esconden las rebajas

14.12.2014 | 04:45
Julián Ballestero

En muchas ocasiones, especialmente periodos de crisis, las escasas buenas noticias suelen ocultar una parte oscura y viscosa. Son tiempos estos en los que hasta el azúcar amarga. Nada más dulce para el bolsillo que esa información que publicaba ayer este diario sobre la rebaja en el coste de la inspección de vehículos. Una alegría, cierto, pero el caramelo esconde un corazón de almendra amarga.
Veamos. La revisión obligatoria que suponía 55 euros para un turismo diésel este año, pasará a costar 44 euros el que viene, y los 37 de la moto se quedarán en 22. Los conductores ya no tendrán que ´emigrar´ a las ITV de Cáceres para abonar un precio razonable por el famoso sello que antes pegábamos en el parabrisas y ahora escondemos en la guantera. Hasta aquí, todo alegrías.
Pero claro, se pone uno a darle vueltas al magín y enseguida se mosquea. Porque, a ver, si tras esta rebaja de tarifas del 20% al 40% la empresa que gestiona los centros de inspección sigue ganando dinero (porque no van a cerrar, está claro), ¿con qué porcentaje de beneficio estaba funcionando? ¿Tan tremendo era el chollo de Itevelesa? ¿Cómo es posible que se haya mantenido durante tantos años semejante atraco a los conductores salmantinos y del resto de la Comunidad?
Pues bien, hay que remontarse a los orígenes de la historia, hace ya 24 años, cuando la Junta de Castilla y León concedió a Itevelesa la exclusiva, en régimen de monopolio en la práctica, la explotación de todas las ITV de la Comunidad. Da la casualidad, en este caso maloliente, de que la sociedad había sido fundada por Miguel Pérez Villar, el famoso consejero de Economía de José María Aznar que fue condenado a 8 años de inhabilitación por el Supremo por prevaricar en la concesión de subvenciones. El que fuera uno de los primeros políticos españoles sorprendidos en la charca de la corrupción, enriqueció con dinero de todos los castellanos y leoneses a unas cuantas empresas mineras a las que asesoraba, a cambio de jugosos contratos, el despacho de su esposa. Entre esas ayudas descollaban los 135 millones de pesetas (la más cuantiosa de todas las subvenciones) entregados a Renasa, una empresa sin actividad minera alguna.

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