La reforma fracasada

08.12.2013 | 04:45
Julián Ballestero

Decía el ministro Montoro, cuando todavía le quedaban arrestos, que el Gobierno del PP aprobaría una Ley para ahorrar 7.100 millones de euros en tres años, a base de recortar administración y evitar duplicidades entre ministerios, autonomías y municipios. En aquellos tiempos, cuando al equipo que preside Mariano Rajoy le quedaba un poso de idealismo, el proyecto pasaba por reducir ayuntamientos, quitar concejales y procuradores regionales, eliminar sueldos y embridar el desaforado gasto de los taifas autonómicos.
La cruda realidad se ha encargado de bajarle los humos y ahora Montoro bastante tiene con apagar sus fuegos en la Agencia Tributaria. Para el titular de Hacienda, se trata ahora de salvar el cuello en medio de la debacle y ese empeño no le deja libres ni dos minutos para cumplir promesas.
Aquellos bellos y lejanos deseos (han transcurrido dos años catastróficos) han quedado reducidos a cenizas. Si hubo en su día alguna intención de ahorrar en el aparato burocrático cuyo coste aplasta como una enorme losa las cuentas del Estado, se ha esfumado como por ensalmo. Ahora que empiezan a crecer los primeros brotes verdes de una recuperación estadística de la economía, que no real, el afán reformista del Gobierno ha quedado reducido a maquillaje, y los mandatarios de autonomías, diputaciones y ayuntamientos pueden respirar tranquilos, porque nadie va a ir contra ellos.
La última renuncia en esa escalada de dejaciones la ha anunciado Montoro antes de Navidad, y ha sido como un regalo para quienes temían que se les pudiera acabar el chollo de cuatro décadas de democracia desbocada: no habrá prohibición de sueldo ni siquiera para los alcaldes de pueblos de menos de mil habitantes. Esto, unido a la marcha atrás en la obligatoriedad de las fusiones municipales, deja la ambiciosa reforma de las administraciones diseñada por el PP en su programa electoral en un elegante brindis al sol.
Eso sí, Montoro y su equipo han tenido la valentía de establecer máximos para los sueldos de alcaldes y concejales, para acabar con uno de los mayores escándalos de la democracia: la discrecionalidad que permitía a los miembros de los consistorios cobrar lo que les diera la gana, sin más límite que su, a veces ausente, conciencia.

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