Santos Cerdán pide al Supremo que suspenda su declaración del miércoles y le cite en julio

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al Tribunal Supremo que posponga su declaración voluntaria, prevista para el próximo miércoles 25 de junio, y que le cite en julio. La petición tiene como objetivo dar tiempo a su nuevo abogado, Benet Salellas —exdiputado de la CUP y defensor en causas del 'procés'— para analizar con detenimiento la documentación del caso.

Así consta en un escrito dirigido al magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso que investiga al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García por una supuesta red de comisiones ilegales ligadas a adjudicaciones de obra pública. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Cerdán también estaría implicado en la trama.

El letrado argumenta que su defendido tiene derecho a «disponer del tiempo y facilidades adecuados para la preparación de la defensa», y subraya que no cuentan con tiempo suficiente para obtener y analizar el expediente, así como para definir una estrategia legal. Alega, además, la «complejidad de la causa», la variedad de delitos imputados y su «trascendencia pública y social».

Salellas advierte de que, si no se concede el aplazamiento, su cliente se acogerá a su derecho a no declarar y volverá a solicitar una nueva comparecencia. No obstante, aclara que el 3 de julio no podría comparecer por tener señalada una vista en Barcelona.

El pasado 12 de junio, el magistrado ofreció a Cerdán declarar de forma voluntaria después de recibir un informe de la UCO con grabaciones de Koldo García entre 2019 y 2023. En ese momento, Cerdán aún era diputado y aceptó comparecer, aunque días más tarde renunció a su escaño, cambió de abogado y ahora ha pedido un nuevo plazo. Está previsto que Ábalos y Koldo vuelvan a declarar el 23 de junio.

Paralelamente, la defensa de Cerdán ha solicitado al magistrado que ordene a la Policía Judicial remitir «de forma urgente» una escritura privada de compraventa de participaciones sociales entre Joseba Antxón Alonso Egurrola —administrador de Servinabar 2000— y Santos Cerdán. Se trata de un documento incautado durante los registros de febrero que, según la UCO, demostraría que Cerdán posee el 45% de dicha empresa, clave en la presunta red de adjudicaciones irregulares. La compañía habría recibido contratos por más de 75 millones de euros del Gobierno navarro.

La defensa solicita el documento para verificar su autenticidad y poder compararlo con la versión original en notaría antes de declarar ante el juez.

La implicación de Cerdán surge a raíz de un informe de la UCO que lo sitúa como origen de una trama de cobro de comisiones en adjudicaciones públicas. Según los investigadores, su papel varió con el tiempo: inicialmente con un rol relevante, luego como gestor de pagos a Ábalos y Koldo, y finalmente retomando protagonismo. Solo las presuntas comisiones derivadas de adjudicaciones de Acciona ascenderían a 620.000 euros, aunque según Koldo aún quedarían 450.000 por cobrar.

La investigación señala que la trama habría comenzado en Navarra en 2015, entorno donde Koldo y Cerdán mantenían una estrecha relación política. El punto de partida sería un proyecto minero de potasa entre Navarra y Aragón, adjudicado a una UTE entre Acciona y Servinabar. La UCO destaca que la relación entre ambos políticos y estas empresas da sentido a los contratos sospechosos.

En 2017, al ser nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Cerdán se trasladó a Madrid junto con Koldo, a quien habría presentado a Ábalos, promoviendo su contratación como chófer, y posteriormente, como asesor ministerial.

La Guardia Civil sostiene que, desde el Ministerio de Transportes, Koldo habría influido en adjudicaciones concretas en favor de Acciona, con el respaldo de Cerdán. En una conversación intervenida en 2020, Koldo pide a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, una adjudicación para la empresa LIC. «Le hemos dado una de 700.000 hace nada», responde ella, añadiendo: «déjamelo mirarlo».

La UCO destaca la «discrecionalidad» en la concesión de obras públicas y subraya como indicativo que Ábalos instruyera a Koldo a «hablar con Santos antes de decidir nada», pese a que este no tenía cargo en el Gobierno.

En ese contexto, Cerdán habría quedado relegado a gestionar pagos, como las supuestas comisiones de Acciona para Ábalos y Koldo, gestionadas por él mismo. En una conversación, Koldo afirma que Ábalos recibió 550.000 euros por dos contratos en Murcia y que aún quedaban 450.000 por abonar. Cerdán se comprometió: «Voy a ir a por todo, voy a ir a pedir todo».