García Ortiz propondrá al fiscal que fijará criterio sobre el delito por el que es investigado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propondrá este martes en el Pleno del Consejo Fiscal el nombramiento del nuevo fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública. Este cargo será clave para fijar criterios sobre delitos como el de revelación de secretos, precisamente el tipo penal por el que el propio García Ortiz está siendo investigado. La propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de la Asociación de Fiscales (AF), que considera improcedente que el fiscal general intervenga en este proceso dada su situación judicial.

Según figura en el orden del día, la propuesta se presentará en el punto duodécimo del Pleno, que contempla la designación de responsables para cuatro unidades especializadas: delitos contra la administración pública, delitos económicos, seguridad vial y violencia de género.

Las propuestas de nombramiento son competencia discrecional del fiscal general, aunque los vocales podrán expresar su opinión antes de que García Ortiz eleve los nombres al Consejo de Ministros. Para el cargo de coordinador de delitos contra la administración pública, se han presentado seis candidatos. Entre ellos, figuran Álvaro Redondo, fiscal del Tribunal Supremo; Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas y antiguo candidato español a fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional; Concepción Sabadell, fiscal de Anticorrupción y exmiembro de la Fiscalía Europea; y Virna Alonso Fernández, fiscal decana de delitos económicos en Madrid.

En paralelo, cinco fiscales aspiran al puesto de coordinador de delitos económicos, entre ellos Fernando Rodríguez Rey, actual fiscal delegado en el Supremo. Diez candidatos han presentado su solicitud para el área de seguridad vial, vacante desde el fallecimiento del fiscal Luis del Río en enero. En cuanto a la unidad de violencia de género, la única aspirante es María Eugenia Prendes, fiscal superior de Asturias.

Las unidades de delitos económicos y contra la administración pública fueron creadas recientemente y esta será la primera vez que se designen sus jefaturas. Estas nuevas estructuras tienen como objetivo coordinar a los fiscales especializados y unificar criterios de actuación, centrando su trabajo en casos de menor envergadura que escapan del ámbito de la Fiscalía Anticorrupción. No tendrán funciones jurisdiccionales, a diferencia de las fiscalías que sí ejercen la acusación en los tribunales.

La Asociación de Fiscales ha reiterado su rechazo a que García Ortiz proponga al coordinador de delitos contra la administración pública en este contexto. En marzo ya advirtió que, aunque respetan su derecho a la presunción de inocencia, «resulta sencillamente inconcebible» que se cubra esa plaza mientras el fiscal general está siendo investigado por uno de los delitos sobre los que el nuevo responsable deberá fijar criterio. Además, consideran que la creación de esa plaza es «innecesaria y perturbadora», por el posible solapamiento con otras competencias del Ministerio Fiscal.

El Pleno también debatirá el informe sobre el anteproyecto de Ley Orgánica que modifica el acceso a la carrera judicial y fiscal. El texto propone un examen escrito, más plazas y becas, y la prohibición de financiación privada a asociaciones judiciales. El Consejo General del Poder Judicial ya advirtió que el cambio podría generar «una carrera a dos velocidades».