Escrivá ve posible reducir la jornada laboral, pero defiende que sea a través de la negociación colectiva

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, considera que España podría avanzar hacia una reducción progresiva de la jornada laboral, pero insiste en que este cambio debería gestionarse principalmente mediante la negociación colectiva y teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y empresa. «Viendo algunas métricas, en España puede haber margen para evolucionar en esta dirección», ha afirmado, aunque ha matizado que, como en otros países europeos, esto debería hacerse con consenso y análisis.

Escrivá hizo estas declaraciones en una entrevista conjunta con el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, publicada por El Mundo y el Süddeutsche Zeitung, al ser preguntado por la propuesta del Gobierno de reducir la jornada laboral semanal de 40 a 37,5 horas. El proyecto de ley ya está en tramitación parlamentaria, aunque se enfrenta a la oposición de parte del sector empresarial y de formaciones como Junts, que ha presentado una enmienda de totalidad.

En la misma entrevista, Escrivá también expresó su preocupación por la incertidumbre generada por las decisiones de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, especialmente en lo relativo a sus críticas a la Reserva Federal. «La política monetaria debe estar disociada del ciclo político y de posibles injerencias», defendió.

Joachim Nagel fue más contundente: «Los ataques actuales a la Fed van en una dirección totalmente equivocada», recalcó, subrayando que la independencia es esencial para la eficacia de cualquier banco central.

Respecto a su propio paso por el Gobierno de Pedro Sánchez como ministro, Escrivá descartó que eso comprometa su independencia actual al frente del Banco de España. «He regresado a mi profesión, como ocurre en muchos países de nuestro entorno. No debería verse como un problema», afirmó.

Sobre el objetivo de aumentar el gasto militar hasta el 2% del PIB, el gobernador recordó que la Unión Europea permite a los Estados miembros utilizar una «cláusula de escape» para superar los límites de gasto público si se destina a defensa. Mientras otros países ya han confirmado que la aplicarán, España —dijo— aún se está tomando tiempo para valorar esa posibilidad.