El rey emérito alega “inmunidad” ante la demanda de Corinna en Gran Bretaña

En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales que reclamaran al rey emérito una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que interviniesen con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido por parte de Juan Carlos I.

Ahora, la defensa del emérito -a cargo del despacho Clifford Chance- ha presentado sus alegaciones ante el juez Matthew Nicklin en una vista preliminar. El letrado Daniel Bethlehem ha defendido los argumentos esgrimidos en un texto de 26 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que niega todas las acusaciones vertidas por Larsen e insiste en que el órgano competente para atender cualquier procedimiento sobre hechos vinculados al monarca posterior a su abdicación es el Tribunal Supremo español.

Bethlehem ha explicado que “hay al menos tres cuestiones de inmunidad que son pertinentes” en este caso. Ha defendido que Juan Carlos I es miembro de la Casa Real y se ha amparado en la Ley de Inmunidad del Estado aprobada en Reino Unido en 1978, cuyo ámbito de aplicación se extiende al soberano y a los miembros de su familia que forman parte de la Casa Real.

Según la defensa, este caso se aplica al rey emérito, quien “tiene derecho a inmunidad de la jurisdicción de los tribunales británicos en su calidad de miembro de alto rango de la Familia Real Española y la Casa Real de España, incluso en relación con las reclamaciones planteadas en este procedimiento”.

En este sentido, ha subrayado que “es evidente que Su Majestad es miembro de la familia del Rey Felipe VI formando parte de su hogar y, por lo tanto, tiene derecho a inmunidad en virtud de la Ley de Inmunidad del Estado”.

En el marco del escrito, Bethlehem ha precisado que dicha inmunidad “no coloca a Su Majestad por encima de la ley”, sino que “reconoce que, dado el carácter constitucional del cargo de Su Majestad, está debidamente sometido a la jurisdicción del Tribunal Supremo de España y solo del Tribunal Supremo de España”.

“No es, ni puede ser, de interés público de Reino Unido y sus tribunales juzguen las acusaciones formuladas contra Su Majestad”, ha añadido la defensa.

Así, la defensa del rey emérito se ha enfrentado a las acusaciones presentadas por Larsen. En su demanda, la empresaria aseguró que la Agencia Nacional de Inteligencia de España --CNI--, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno “bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores”.

En el marco del escrito, aseguró haber “sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos”. Insistió, además, en que “ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia” por parte del rey emérito, por lo que también pidió que el monarca no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias.

Además de la indemnización que Larsen reclamó por gastos médicos, de seguridad y de asesoría, también pidió que se diera cobertura a los gastos a los que dice que tuvo que hacer frente para contratar a su personal de relaciones públicas y comunicación para “mitigar los daños causados” a su reputación en la prensa.

En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, no precisa el monto a requerir al monarca, pero sí ha señalado que espera recibir los intereses correspondientes de conformidad con la ley por el importe y el periodo que el tribunal londinense considere oportuno.

La defensa de Juan Carlos I ha asegurado en el marco de sus alegaciones que “Su Majestad rechaza las acusaciones realizadas en su contra” y ha subrayado, además, que niega “cualquier presunta irregularidad por parte del Estado español”.

En línea con el argumento relativo a la falta de competencia de los tribunales británicos, la defensa ha destacado que aún en el caso de que los hechos relatados por Larsen fuesen ciertos, las “numerosas afirmaciones fácticas” que sustentan su demanda “no tienen un nexo territorial evidente con Inglaterra y Gales”, ya que --según recoge el texto contra el monarca-- porque se dice que ocurrieron en Mónaco, Suiza, Abu Dhabi, Los Ángeles y Tahití, Austria, Riyadh, Bahamas y en un vuelo de Londres a Nueva York.

Asimismo, el letrado ha precisado que los hechos habrían tenido lugar cuando Juan Carlos I aún era Jefe de Estado y que tal conducta, “incluso si fuera abusiva o ilegal” hubiese estado amparada por el ejercicio oficial de sus funciones como Rey de España.