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Sábado, 14 de agosto 2021, 14:31
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Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han sacado este sábado a primera hora de la mañana del polideportivo Santa Amelia a otros 15 adolescentes marroquíes migrantes no acompañados que permanecían en la ciudad desde mediados de mayo para proceder a su repatriación al país vecino, tal y como hicieron el viernes con otros tantos en el primer episodio del operativo pactado por el Ministerio del Interior con las autoridades del Reino alauita.
En el dispositivo participa como representante de la administración local, responsable de la guarda de los menores, la vicepresidenta Primera del Ejecutivo local, Mabel Deu (PP), y los directores generales de Asuntos Generales y Protección Civil, Francisco Pérez Hita y Víctor de los Ríos, según han explicado fuentes del Gobierno autonómico.
El Ministerio del Interior ha elaborado con criterios no explicitados un listado que incluye a 150 de los 750 niños y adolescentes que accedieron irregularmente a la ciudad sin compañía entre el 17 y el 19 de mayo y que continúan en territorio español acogidos en un polideportivo, los módulos prefabricados de Piniers y el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.
De la devolución quedarán excluidos los menores “vulnerables”, es decir, aquellos que han asegurado haber huido de situaciones de violencia o explotación en su país, aunque las oenegés encargadas de ese trabajo todavía no habían podido entrevistar a ninguno de los 234 acogidos en el ‘Santa Amelia’ con edades comprendidas entre 13 y 17 años.
La repatriación se está ejecutando supuestamente al amparo del Acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos “sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”, que exige “estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes”.
El Defensor del Pueblo ha recordado en una actuación de oficio a Interior que la autoridad gubernativa está obligada, una vez acordada la iniciación del procedimiento de repatriación, a “oír al menor si tuviese suficiente juicio” y a recabar dictámenes “de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal” antes de “resolver lo que proceda sobre el retorno o su permanencia en España”.
Distintas oenegés como Save The Children están preparando un escrito para solicitar al Juzgado de Guardia la paralización cautelarísima de estas expulsiones al entender que el procedimiento que se está utilizando no se ciñe a lo previsto en la legislación española.
Una vez al otro lado de la frontera los jóvenes son llevados a un centro construido en la localidad de Martil, a unos 40 kilómetros de Ceuta, que gestiona la entidad pública ‘L’Entraide Nationale’ mientras se localiza a sus familias para proceder a su reagrupación.
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