02 diciembre 2020
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El Gobierno dice que la expulsión del castellano como lengua vehicular garantiza que los alumnos “aprendan dos idiomas”

Es uno de los cambios que ha introducido la nueva ley de educación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que la nueva ley de educación lo que hace es cumplir el artículo 3 de la Constitución y, allí donde hay lenguas cooficiales, “garantizar” que “los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas”.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sánchez ha asegurado que la nueva ley, en la que el castellano ha dejado de figurar como “lengua vehicular” de la enseñanza, lo que hace es “cumplir las recomendaciones del Consejo de Europa de 2006 y 2017” porque el Gobierno “considera que la pluralidad lingüística no es un pasivo, sino un enorme activo para el conjunto de la sociedad”.

Así, ha señalado que, según la Constitución, en España hay cuatro lenguas cooficiales, y que “la obligación del Estado y las instituciones es garantizar la enseñanza de esas cuatro lenguas cooficiales” allí donde se hablan.

Sánchez ha defendido el conjunto de la nueva ley argumentando que es más que evidente que España necesita reforzar y modernizar su sistema educativo, y que la reforma ha sido avalada por una mayoría absoluta de la cámara y por seis grupos parlamentarios diferentes, mientras que la anterior la aprobó el PP en solitario --con la mayoría absoluta que tuvo entre 2011 y 2015--.

Según Sánchez, el Gobierno se ha esforzado en tratar de acordar con la mayor parte de fuerzas políticas una reforma para modernizar el sistema educativo desde el punto de vista de “la equidad y la excelencia” y dentro del Plan de Recuperación que el Gobierno quiere poner en marcha con motivo de la pandemia.

Así, ha avanzado que, una vez aprobada esta ley educativa, el siguiente paso será a abordar la Formación Profesional, uniendo los sistemas para “dar un salto y consolidar la Formación Profesional dual”, que está “absolutamente infradesarrollada”.

Según ha dicho, el objetivo es dotar a la Formación Profesional de calidad, excelencia y prestigio, porque en los próximos años la mayor parte de ofertas de empleo serán para cualificaciones intermedias, precisamente la franja donde España está peor por el bajo desarrollo de la FP.

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