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Jueves, 4 de junio 2020, 19:38
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La directora del área de Sanidad y Política Social de la Delegación del Gobierno en Madrid, Teresa Azuara, reconoció en declaraciones a la Guardia Civil en el marco de la causa del 8-M que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que, dentro de sus competencias en sanidad exterior, tuvo conocimiento "en diciembre o enero" de instrucciones dictadas por el Ministerio de Sanidad acerca de países de riesgo por covid-19 "a fin de que pudieran realizar un control en frontera respecto de las personas que accedieran a España".
Según el análisis realizado por la Guardia Civil de las declaraciones obtenidas del personal del departamento de Sanidad de la Delegación comandada por José Manuel Franco -al que se investiga por presunta prevaricación administrativa por permitir la manifestación feminista-, cabe destacar la "prontitud con la que los responsables del Ministerio de Sanidad apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados del covid-19", según reza el informe remitido a la juez Carmen Rodríguez-Medel al que ha tenido acceso Europa Press.
Puntualizan, eso sí, que el trato del personal del área de Sanidad con el Ministerio es habitual y directo y no requiere la participación de la cúpula de la Delegación del Gobierno, cuya conducta se investiga.
Sobre los riesgos procedentes de países contagiados también habló ante la Guardia Civil Ana María Sáenz de Urruti, jefa del Área de Sanidad, señalando que de circunscribían ya en diciembre de 2019 a Wuhan (China) y que por ello en enero y febrero recibieron el protocolo de actuación dimanante del Ministerio de Sanidad que establecía "las funciones a realizar en el caso de recibir aviso de llegada de un pasajero de la mencionada región China que tuviera síntomas".
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