ALQUILER

Así combatirán los registradores el fraude del subarriendo, disparado por el auge del alquiler vacacional

Con plataformas como Airbnb, los inquilinos vuelven a realizar un nuevo contrato de alquiler sobre una vivienda de la que no son los propietarios

08.07.2018 | 17:25
Bloque de viviendas en una zona costera.

Los Registradores de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles están trabajando en un proyecto para combatir el fenómeno cada vez más presente en España del subarriendo de inmuebles como consecuencia del auge de las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb, a través del cual los inquilinos vuelven a realizar un nuevo contrato de alquiler sobre una vivienda de la que no son los propietarios.

Así lo ha avanzado la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, en una entrevista a Europa Press en la que ha adelantado que "la filosofía" del proyecto es que los inquilinos, ya lo sean por medio de un alquiler turístico de corto plazo o por medio de un contrato de arrendamiento, se aseguren de que el propietario del inmueble en el que se instalarán es realmente quien posee la vivienda.

"Yo recomiendo a todos los que vayan a alquilar un apartamento este verano que consulten si el que se lo alquila es el propietario o no, para evitar que ocurra que la familia, al abrir la puerta, se encuentre a otro inquilino o, directamente, no pueda abrirla", señaló la decana.

"Saber quién es el propietario solo cuesta tres euros", un proceso que cualquier ciudadano puede consultar a través de una oficina del registro de la propiedad o por medio de la página web del Colegio de Registradores, donde se puede obtener esta información "en menos de dos horas".

De hecho, la decana también ha recomendado no dar ninguna cantidad a cuenta sin saber con anterioridad quién es realmente el propietario del inmueble. "Es importantísimo, sobre todo, cuando se va a ocupar algo en lo que se ha invertido dinero".

RAJOY LOS HA PUESTO EN EL FOCO
En un momento en el que la institución registral ha vuelto a situarse en el foco mediático después de que el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidiera retomar su puesto de registrador de la propiedad en la localidad alicantina de Santa Pola, la decana ha querido aclarar la realidad del sector, después de que varias informaciones afirmasen que el sueldo de los registradores se sitúa en torno a los 15.000 euros mensuales por 25 horas de trabajo semanales.

Según ha explicado, se trata de un servicio público, pero en el que el Estado no aporta los sueldos, lo que significa que los registradores trabajan como autónomos y son los responsables de pagar a sus propios equipos. "El sueldo del registrador puede ser mucho o poco, depende de muchas circunstancias como la economía de un país o de quién utilice el servicio", explicó.

De hecho, Adán ha revelado que hay algunos registros que no cuentan con los suficientes ingresos como para mantener las oficinas y las exigencias tecnológicas y de personal necesarias, razón por la que existe un fondo de solidaridad en el Colegio que se utiliza para mantener todas las oficinas abiertas.

El trabajo del registrador es "dar seguridad jurídica" a los ciudadanos, de forma que suponga una "protección" para identificar a los propietarios como los primeros que han inscrito su propiedad en el registro. Por eso, Adán recomienda consultar con ellos quién es el verdadero propietario de cualquier inmueble arrendado. "Lo que dice el registro va a misa", ha sentenciado la decana.

Las tarifas que cobran los registradores por su servicio las fija el Gobierno y están sin actualizar desde la década de los 90, ni siquiera atendiendo a la evolución de los precios. Según Adán, en España el servicio del registro es uno de los más baratos de la Unión Europea.

Actualmente hay 1.058 registradores en el país que han accedido a la plaza a través de oposición, de los que el 46% son mujeres, aunque en la última promoción el 80% fueron mujeres. En cuanto a las direcciones territoriales, un 70% son decanas elegidas por sufragio universal, algo que, para Adán, se trata de una excepción, puesto que en los colegios de otros sectores existen consejos generales que deciden los puestos.

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