25 marzo 2023
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Los tres últimos alcaldes de Miranda del Castañar a juicio por desobediencia

El Procurador del Común denuncia a Juan Manuel Sánchez, Beatriz Lucas y Encarna Torija por "falta de colaboración", que se enfrentan a suspensión de cargo público de 6 meses a 2 años

11 may 2017 / 04:45 H.
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Los tres últimos regidores de Miranda del Castañar, los ex alcaldes Juan Manuel Sánchez y Beatriz Lucas y la actual Encarna Torija, han sido llamados a juicio por la denuncia presentada por el Procurador del Común de Castilla y León por un presunto delito de “desobediencia grave” por su falta de colaboración con organismo regional.

Javier Amoedo Conde, Procurador del Común de Castilla y León, puso el pasado año en conocimiento del Ministerio Fiscal la falta de colaboración durante el 2016 del Ayuntamiento de Miranda del Castañar, a pesar de haber realizado “la remisión de varios recordatorios de las solicitudes de información”.
 
La documentación solicitada por el Procurador del Común hace referencia a la queja presentada por una vecina de Miranda del Castañar sobre el estado de ruina de una vivienda, remitiendo al Ayuntamiento cinco cartas en la etapa como regidor de Juan Manuel Sánchez, 2 más cuando ostentaba el cargo Beatriz Lucas, y una última misiva en la actual legislatura presidida por Encarna Torija, sin obtener contestación.
 
Los tres alcaldes fueron citados a juicio el pasado mes de marzo, “una vez que el problema de fondo ya estaba resuelto, con la demolición por parte del Ayuntamiento de la vivienda en ruina”, señala la alcaldesa, Encarna Torija, que al igual que Beatriz Lucas, alegan en su defensa: “No contestamos a las solicitudes de información remitidas por el Procurador del Común debido a que en los distintos momentos en que las cartas llegaron al Ayuntamiento, tanto mi predecesora como yo misma, estábamos de baja por maternidad”, aseguró este miércoles Encarna Torija.
 
El delito de desobediencia grave a la autoridad que denuncia el Procurador del Común está castigado en el Código penal con pena de suspensión de cargo público durante un tiempo de 6 meses a 2 años.

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