22 marzo 2019
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Duras críticas a la Junta por la anulación del catálogo de puestos de los funcionarios

La sentencia del Tribunal de Justicia de Castilla y León afecta a más de 16.000 trabajadores | Se convierten en papel mojado las relaciones de puestos de trabajo, los concursos e incluso podrían anularse las ofertas públicas de empleo

31 dic 2018 / 07:29 H.

"¡La función pública en Castilla y león está muerta, asesinada!". De esta forma analizaba este jueves el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad que declara nulo de pleno derecho su "piedra angular", el catálogo de puestos tipo aprobado en 2017 y que, según denuncia el socialista, es de "gravísimas consecuencias" para todos los empleados públicos.

El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así la demanda interpuesta por los funcionarios de la escala de seguridad e higiene en el trabajo que, fundamentalmente, había impugnado dicho catálogo al considerar que debía de haberse tramitado como una disposición general, en lugar de como un acuerdo; ante la ausencia de negociación colectiva, y por carecer de motivación que justificase la atribución de determinado nivel de complemento de destino y el establecimiento de complemento específico.

El efecto de esta sentencia, "demoledora, el mayor varapalo para la Junta en materia de función pública", como así ha advertido Martín, es que queda anulado el catálogo, la "piedra angular" que la sostenía y que ahora cae "en efecto dominó", con lo que igualmente se convierten en papel mojado las relaciones de puestos de trabajo, los concursos--de méritos, permanentes y abiertos--, y también podrían anularse las ofertas públicas de empleo "y qué decir de la carrera y la estabilización profesional".

En el capítulo de responsabilidades, Martín carga sus baterías contra los que tilda como los cuatro "asesinos de la función pública", en primer lugar el que fuera consejero Alfonso Fernández Mañueco entre 2003 y 2007; "su mano derecha" Isabel Alonso (2007-2011); la consejera Pilar del Olmo (2011-2015) y el hoy vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, por su labor entre 2015 y el momento actual.

"Cuatro magníficos gestores que han asesinado a la función pública en Castilla y León, el último, el gran matador, De Santiago-Juárez, al que se recordará por otros fiascos como la Agenda de la Población, la Ordenación del Territorio y ahora el asesinato de la función pública", añade el socialista, quien atribuye como "único mérito" al citado consejero la prohibición del Toro de la Vega.

El resultado de la sentencia del TSJCyL afectaría gravemente a los empleados públicos de la Junta, "ya que su puesto está basado en un catálogo nulo de pleno derecho, pero también a aquellos que están concursando y a los que han sacado plaza puesto que ésta ya no existe".

Ante ello, además de pedir las responsabilidad políticas a los "cuatro asesinos" de la función pública, advierte de la "patata caliente" que esta cuestión supondrá para el nuevo Ejecutivo salido de las próximas elecciones de mayo de 2019 pues tendrá que elaborar un nuevo catálogo y "hacer las cosas bien", tramitándolo como una disposición general, no como un acuerdo, dando pie a la presentación de posibles alegaciones y no "volviendo a cometer la chapuza que se ha hecho".

Martín también ha denunciado públicamente que la Junta, en lo que ha calificado como una "cobardía", ya ha buscado su cabeza de turco, la que era jefa de los letrados, Ángela Aguado Seoane, despidiéndola a fecha de 12 de diciembre.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Luis Fuentes, considera que esta sentencia es "una muestra más de la nefasta política de personal de la Junta".

Fuentes censura al Ejecutivo autonómico por no haber entendido aún que las medidas de personal se negocian en los órganos adecuados. "Llega el final de la legislatura y vemos cómo han fracasado las dos principales apuestas del PP: la ordenación del territorio y el catálogo de puestos de trabajo".

Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Cs, Luis Fuentes, quien considera que en el PP "aún no han entendido que las medidas se adoptan en base a informes y dando la oportunidad a todos los afectados de alegar. Nunca un acuerdo sin motivación ni garantía suficiente debería haber sido el camino". "Se pone en cuestión las relaciones de puestos de trabajo y toda la política de estabilización del personal", ha alertado.

El responsable de la formación naranja acusa al PP de seguir instalado en la política del "rodillo" y se muestra convencido de que los ciudadanos se lo harán pagar en las urnas.

"Castilla y León sufre los efectos de un Ejecutivo desnortado que ha permitido una situación de provisionalidad permanente. Ciudadanos ha advertido en múltiples ocasiones de que la arbitrariedad no debe ser la forma de actuar de la Junta ni de cualquier gobierno serio", ha añadido Fuentes.

Ante ello, Fuentes anuncia su propósito de exigir responsabilidades por un acuerdo de la Junta que afecta a más de 16.000 funcionarios, "tirando por la borda casi cuatro años de trabajo".

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