11 diciembre 2019
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Justos por pecadores

27 ene 2013 / 11:45 H.

El conocido como "tasazo judicial" parte del principio más injusto que pueda existir: que paguen justos por pecadores. Igual que ocurre con el copago farmacéutico, los ciudadanos que se dedican a abusar del sistema tendrán el mismo castigo que los que lo usan de manera responsable. De esta manera, las víctimas de malos tratos, los que abran el proceso de divorcio y las comunidades de vecinos hartas de los morosos tendrán que pagar las mismas cantidades abusivas que los cansinos que se pasan todo el día en el juzgado pleiteando por las lindes de las tierras, porque el vecino destroza un camino con el tractor o porque un primo le debe 1.000 euros. Como bien ha dicho el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, esta ley es una "chapuza" porque en lugar de aplicar la subida de tasas a los casos más superfluos y repetitivos, el insigne Gallardón no se complica la vida y le "roba la cartera" a todo hijo de vecino.

Otro dato revelador es que todas las asociaciones de jueces, fiscales y abogados han puesto el grito en el cielo contra esta ley. Un Gobierno debe saber que jamás puede legislar en un determinado sector con la oposición de todos los profesionales del mismo. Ellos saben mejor que nadie cómo funciona y deberían haber tenido voz y voto en este proceso.

Lo más sorprendente es que desde el PP se apunta que el "tasazo judicial" ayudará a desatascar la Justicia. Por supuesto que eso ocurrirá, pero con el peor método posible: limitar el acceso a un derecho constitucional a las personas con menos recursos. Para aliviar la Justicia en este país lo que hay que hacer es mejorar los sistemas informáticos, dotar de más recursos a los juzgados y convocar más plazas de magistrados. Pero claro, eso cuesta dinero y lo que se pretende hacer en estos momentos es todo lo contrario. El ahorro tiene límites y más teniendo en cuenta que nuestro país sigue siendo una sangría de dinero público. Todo ello por culpa de un decrépito y acabado Estado Autonómico que hay que desmantelar cuanto antes para que el Gobierno central recupere todas las competencias, entre ellas la de Justicia allá donde se haya transferido.

La entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales significa otro error de bulto del Gobierno de Mariano Rajoy, maquinado por el experto número uno del reino en exprimir a los ciudadanos: Alberto Ruiz-Gallardón. Este señor ya se despachó a gusto "friendo" a impuestos a los ciudadanos de Madrid y ahora está dispuesto a encabezar nuevos y variados atracos como ministro de Justicia.