Cardozo, en Salamanca: El golpe parlamentario en Brasil es injusto con Dilma y la democracia
"Tengo la convicción de que Lula da Silva probará su inocencia"

El abogado y exministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo, prosigue con su encendida defensa de Dilma Rousseff, que en mayo vio como el Senado de su país aprobaba (por 55 votos a favor y 22 en contra) el llamado ‘impeachment’, que permite iniciar el juicio político por el que se aparta de sus funciones de manera temporal a la presidenta del país.
Cardozo, que ha representado como abogado particular a la expresidenta, acudió a la Facultad de Derecho de la mano del Centro de Estudios Brasileños y se mostró tan vehemente como cuando declaró ante el pleno del Senado brasileño en la antesala de la destitución de Rousseff el pasado 1 de septiembre. “Se ha vivido un golpe de estado parlamentario y no existen los requisitos jurídicos necesarios para apartar a la presidenta de sus funciones”, enfatizó.
“Hoy tenemos en Brasil un Gobierno ilegítimo, que es un mal ejemplo para los países de América del Sur. Nosotros tenemos un sistema presidencialista -no parlamentario- y es un precedente peligroso que se pueda apartar a un presidente de su cargo por pretextos jurídicos. Ahora tenemos golpes de los juristas para romper con la Constitución y la democracia”, apuntó el abogado.
José Eduardo Cardozo también se mostró muy preocupado porque entre quienes han votado a favor del ‘impeachment’ de la expresidenta hay voces que quieren el retorno de la dictadura, que comenzó en 1964 y se extendió hasta 1985. “Lo que ha ocurrido no solo ha sido una injusticia contra Dilma; también ha sido una injusticia contra la democracia brasileña”, subrayó.
Cardozo explicó que Dilma no está acusada de corrupción, sino que ha sido sometida al ‘impeachment’ por prácticas que han realizado los gobiernos anteriores. La expresidenta está acusada de “un manejo indebido de los presupuestos”, ya que realizó algunas modificaciones sin el visto bueno del Congreso. Además, la ley prohíbe los préstamos de los bancos públicos al Gobierno “y como el Ejecutivo se retrasó en el pago de algunos servicios se argumenta que eso sería una forma de préstamo. Es un pretexto jurídico, que crea una apariencia de legalidad para dar un verdadero golpe”.