Los municipios salmantinos seguirán cobrando el impuesto de plusvalía

La indefinición sobre el impuesto de plusvalía, que ahora cobran 31 municipios de Salamanca, continuará hasta bien entrado 2019. A pesar de que ya han pasado casi dos años desde que el Tribunal Constitucional considerara que la ley que lo regula debía cambiarse porque no se podía aplicar el tributo a una persona que vendiera un inmueble por debajo del valor por el que lo compró, la posibilidad de que el Congreso de los Diputados apruebe los cambios para ajustarse a las sentencias está muy lejos de cumplirse. La proposición de ley que presentó el PP antes de la moción de censura a Mariano Rajoy está encallada porque el resto de partidos políticos ha presentado más de medio centenar de enmiendas, lo que va a alargar aún más el proceso para su aprobación. Una mala noticia para las localidades salmantinas que aplican el impuesto, que seguirán cobrándolo con la incertidumbre de si tendrán que devolver el dinero a algún contribuyente, además de no conocer con exactitud como repercutirá el nuevo cálculo a los ingresos municipales.La proposición de ley se encuentra ahora en la fase de discusión de las enmiendas que han presentado los diferentes partidos políticos a excepción del PP, el impulsor de la iniciativa. Una vez que se resuelvan, se constituirá la ponencia. Tras las reuniones de la comisión y su dictamen, siempre que sea favorable, pasará al Senado, que tras introducir sus propias modificaciones devolverá la proposición al Congreso. El procedimiento, por lo tanto, se alargará varios meses, por lo que la reforma de la Ley de Haciendas Locales —por la que se rigen lasEl principal cambio que propugna la proposición consiste en que los contribuyentes no pagarán el tributo cuando demuestren que el precio por el que han vendido el inmueble es inferior al de compra, por lo que no existe incremento del valor, tal y como estableció el Tribunal Constitucional. No obstante, el texto contiene una segunda modificación, la variación de los coeficientes máximos a aplicar, acordados por el entonces Gobierno del PP con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este organismo calcula que con el nuevo marco que refleja la proposición, los ayuntamientos perderán alrededor de un 20% de los ingresos, lo que en la provincia salmantina se traduciría en algo más de dos millones de euros.A pesar de la indefinición existente, los 31 municipios que cobraban la plusvalía en el momento en el que salieron las sentencias del Tribunal Constitucional la siguen cobrando en la actualidad. La mayoría de ellos son los que cuentan con mayor población —y por lo tanto con más ventas de inmuebles— y algunos, a raíz de los dictámenes judiciales, adoptaron medidas provisionales para evitar futuros reingresos a los contribuyentes. El Ayuntamiento de la capital salmantina, por ejemplo, ya no cobra el impuesto a las personas que demuestran haber vendido el bien a un precio inferior al de compra.  Viajar a Portugal será más caro a partir del 1 de enero La réplica del más emblemático verraco del Castro de Irueña: la "Yegua" Mañueco: "O Ciudadanos vota al PP o se alinea con la izquierda radical"