Nueva orden de embargo en el Salamanca UDS

El Salamanca UDS se enfrenta a una nueva orden de embargo de sus bienes —en mayo del 2022 ya se vivió una situación idéntica—, toda vez que el Letrado de la Administración de Justicia, atendiendo al auto dictado el pasado viernes 14 de junio en el Juzgado de primera instancia número 5 de Salamanca, con notificción del lunes 17, ha expedido un decreto que incluye esta medida como forma de saldar la deuda que la entidad blanquinegra mantiene todavía a día de hoy —así lo han hecho constar las diferentes fuentes del caso consultadas por este diario— con la empresa de transportes Viamar, quien hasta finales del año 2023 fue la prestadora de estos servicios y que harta de los impagos decidió dar por concluida su relación contractual, poniendo en manos de la justicia los hechos, que han desembarcado en este decreto, al que ha podido acceder en exclusiva este diario, y en el que se dictan «el embargo de bienes», así como «medidas de localización y averiguación de los mismos».

Cabe recordar que estos impagos, probados judicialmente, fueron tratados por los representantes institucionales del club en un comunicado oficial (publicado el pasado 24 de noviembre), en el que se acusaba a la citada empresa de transportes de «incumplimientos», de «subida unilateral de tasas» y en el que hacía pública su intención de saldar sus deudas —pero tan solo las de la recién acabada campaña—. Viamar cifró entonces el momtante de la deuda en torno a los 20.000 € la cantidad de dinero que se le debía.

Tras el cruce de declaraciones, fue el turno para los juzgados, en los que se da la razón a Viamar. Sin embargo, pese a haber resolución en firme, el club ha seguido sin abonar todas las cantidades pendientes en los plazos marcados, lo que ha obligado (por la vía del auto) al Letrado de la Administración de Justicia a llevar a cabo las «medidas ejecutivas concretas necesarias» para saldar la deuda, que son 2, tal y como se detalla la parte dispositiva del decreto: «1, saldos favorables que posea en entidades bancarias (el Salamanca UDS); y 2, las cantidades que tenga derecho a percibir en concepto de ayudas económicas o subvenciones por parte de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Salamanca».

Pese a que el club ha tenido un plazo de cinco días para interponer recurso (abonando una tasa de 25 euros), lo cierto es que en el mismo se señala que no puede suspender de «efecto» el decreto, por lo que todas las actuaciones que se hayan resuelto «seguirán su curso sin interrumpirse».

Este frente no es el único que ha tenido ni tendrá (a futuro) el Salamanca UDS en los juzgados, ya que según ha podido conocer este periódico, el club se enfrentará a un nuevo juicio de índole laboral el próximo mes de octubre. En concreto, a una demanda realizada por un exempleado que reclama una cifra próxima a los 15.000 euros. Por último, la AFE hizo pública ayer la resolución de sus Comisiones Mixtas de 2ª y 3ª Federación, de la que salió indemne el Salamanca UDS —como el resto de clubes locales—, aunque sí que habría recibido avisos de esta misma asociación para solucionar las deudas que algunos de sus últimos exjugadores le reclamaban y que, en cualquier caso, quedaron resueltas en tiempo y forma para eviatar males mayores.

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