01 diciembre 2020
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Verónica Casado asegura que el nuevo hospital de Salamanca tendrá actividad “en breve”

La consejera de Sanidad también ha descartado “por el momento” que las farmacias realicen pruebas contra el COVID

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha anunciado este martes que el nuevo hospital de Salamanca iniciará su actividad con algunos servicios “en breves semanas”, ya que actualmente se están montando varias unidades que se retrasaron por la pandemia.

Preguntada durante la sesión de control del Pleno de las Cortes por cuándo entrará en funcionamiento el hospital de Salamanca, Casado ha explicado que se iniciarán “en breve” varios servicios a los que se podrá acceder por la plataforma inferior del primer sótano.

Ha indicado que ya se ha instalado el primer acelerador del servicio de oncología radioterápica, que pueden usarse los servicios de rehabilitación y de hospital de día oncohematológico, y ha anunciado que se está cerrando la puesta en marcha de los laboratorios, la calibración de los equipos, la determinación de los lugares, el almacenamiento de reactivos y los equipos de esterilización.

Además, tambien ha descartado la posibilidad “por el momento” de que las farmacias de Castilla y León lleven a cabo la realización de las pruebas de control y detección del coronavirus.

“En principio no”, ha asegurado Casado en respuesta al procurador de Vox, Jesús María García Conde del Castillo, al que ha recordado que las pruebas como las PCR y los antígenos de nueva generación necesitan unos entornos de bioseguridad que hacen conveniente que sean realizadas por profesionales entrenados para la técnica nasofaríngea específica que se requiere.

“El problema no son ni muchísimo menos los farmacéuticos que son profesionales claves dentro del sistema”, ha aclarado Casado que ha situado el inconveniente en las pruebas que hay en la actualidad que “a día de hoy” requieren esos entornos de bioseguridad. “A día de hoy porque puede que esto cambie”, ha matizado para admitir que el entorno está cambiando.

Verónica Casado, ha insistido en que quiere consensuar la reorganización de los profesionales de Sacyl para hacerlo de forma acordada, incentivada y no de manera “unilateral” porque se trata de desarrollar el decreto firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que establece el “paraguas” para hacerlo.

Casado se ha expresado así en el marco de su comparecencia en la Comisión de Sanidad de las Cortes para informar sobre la situación de la pandemia en la Comunidad, donde ha incidido en que en esta “segunda ola”, a diferencia de la primera, se pretende mantener la actividad no covid y minimizar el efecto del coronavirus sobre otras enfermedades, para lo que se necesita un marco legal y una negociación en mesa sectorial.

Así, ha aclarado que se trata de hacer una redistribución de efectivos, contrataciones apoyo y adaptar la organización a las necesidades asistenciales en los niveles 3 y 4 de alerta, por lo que tiene “tiempo de inicio y fin”.

A este respecto, ha incidido en que el decreto firmado por el presidente de la Junta el sábado, 14 de noviembre, lo que hace es aplicar el estado de alarma, que le habilita como autoridad delegada, para tomar decisiones sobre prestaciones personales obligatorias, al igual que el Ministerio hizo en la primera ola en el mes de marzo, cuando no se cuestionó la medida y ha añadido que se garantizarán los descansos.

“Es sólo un marco legal, no un obstáculo para negociar, se sigue manteniendo abierta la puerta para seguir con negociación”, ha asegurado la consejera, que ha recordado que se han celebrado ocho mesas sectoriales, cuatro en noviembre para abordar este tema. “No queremos hacerlo de manera unilaterial”, ha aseverado Verónica Casado, quien ha afirmado que se quiere hacer de manera consensuada, trabajando, con una incentivación que se determine con los sindicatos.

Casado ha reiterado que la mesa “sigue abierta” para el desarrollo del decreto porque hasta ahora no se ha desarrollado el marco legal y ha señalado que otras cinco comunidades como La Rioja, Asturias, Andalucía, Cataluña y Aragón han dictado normas similares.

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