27 mayo 2020
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Prohibidas las manifestaciones de Vox en Castilla y León por "riesgo para la salud pública"

La Delegación del Gobierno impide celebrar la 'caravana' del día 23 de mayo

16 may 2020 / 13:04 H.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León, a través de sus nueve subdelegaciones, ha notificado mediante las correspondientes resoluciones la prohibición de celebración de manifestaciones previstas para el día 23 de mayo en las capitales de provincia de la Comunidad Autónoma, comunicadas en nombre de la formación política Vox.

Las resoluciones se basan en los informes desfavorables recabados a la vista de las comunicaciones, entre los que destaca el de los Servicios Territoriales de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en el sentido de que la manifestación puede suponer un riesgo para la integridad física tanto de los participantes en las mismas como de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, al existir una acumulación de personas, señala la Delegación a través de un comunicado remitido a Europa Press.

"En tanto se mantenga el estado de alarma en las condiciones actuales y con independencia de las medidas propuestas en las comunicaciones, la celebración de las manifestaciones podría suponer un peligro para la Salud Pública al ser una posible fuente de propagación del virus", señala el informe.

En las resoluciones se recuerda que, si bien el derecho de reunión es un derecho fundamental, reconocido por el artículo 21 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, el artículo 10 de esta última otorga la competencia para limitar o prohibir la reunión o manifestación a la autoridad gubernativa, "ante la existencia de razones fundadas que puedan producir alteraciones de orden público con peligro para personas y bienes".

Así pues, el derecho no tiene carácter absoluto, sino "unos límites determinados por el derecho de los demás ciudadanos a ser respetados en sus derechos e intereses, lo que hace entrar en juego la potestad y el deber del poder público de garantizar la seguridad, y el orden general", algo que rubrica el artículo 11.2 del Convenio Europeo de derechos humanos y libertades públicas, que posibilita restricciones o limitaciones motivadas, entre otras, en razones de salud pública.

Tampoco puede obviarse el criterio del Tribunal Constitucional, que considera que "la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 de la Constitución, contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio (STC 83/2016).

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