Críticas al Gobierno por alargar hasta 2029 los peajes de las autopistas que unen Salamanca con Madrid
CCOO y la asociación Centaurea consideran lamentable la decisión del Consejo de Ministros
Jueves, 16 de abril 2020, 22:05
Centaurea y CCOO han criticado la decisión del Consejo de Ministros de alargar los peajes de las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 hasta 2029 porque “se ha optado por la peor solución posible” en vez de “intentar mitigar los perjuicios ocasionados por el mantenimiento fraudulento de la concesión de 1999, que fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El acuerdo resulta “decepcionante” para ambas organizaciones al ampliar el plazo de la concesión para la conservación y explotación de las autopistas de peaje A-6 conexión con Segovia (AP-61), autopista A-6 conexión con Ávila (AP-51) y la autopista de peaje AP-6, tramo Villalba-Adanero, que queda establecido en 30 años desde su adjudicación, finalizando por tanto el 19 de noviembre de 2029.
“No hay que olvidar que esta concesión fue adjudicada en 1999 por un gobierno del PP presidido por José María Aznar y siendo uno de sus ministros el abulense Ángel Acebes y el papel cómplice de aquellas organizaciones e instituciones que con su aprobación o silencio lo hicieron posible”, han expresado en un comunicado remitido a Europa Press.
Comisiones Obreras de Ávila y la Asociación Centaurea, que consiguieron con su denuncia ante la Comisión Europea la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 2010 que declaraba ilegal la adjudicación por vulnerar diferentes directivas europeas, creen “lamentable” que, con la sentencia del TJUE en la mano, los gobiernos sucesivos no hicieran nada para cumplir dicha sentencia.
“Es una absoluta ignominia que la ciudadanía tenga que sufrir hasta 2029 la concesión que se adjudicó ilegalmente en 1999 y que retrata a sucesivos y alternantes gobiernos de PP y PSOE avocados al servicio del lucro especulativo de las concesionarias de autopistas”, advierten al tiempo que consideran que también “retratan también a un Tribunal Supremo con la venda de la justicia ceñida en los ojos para ignorar el estado de derecho, como se encargó de acreditar de forma rotunda la justicia europea sobre cuestiones de fondo y de bulto gracias a la queja emitida a la Comisión Europea”.
Ambas organizaciones reivindican la gestión pública de estas infraestructuras, entendiendo que este acuerdo “sigue instalado en la falta de respeto a la ciudadanía, procurando únicamente el lucro y beneficio de una empresa privada a costa del interés común”.
