14 abril 2021
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Castilla y León no se aclara: ha cambiado de criterios hasta 10 veces en menos de un año

El gobierno regional lo achaca a “la lógica adaptación a la pandemia y a la situación de cada momento”, aunque genera desconcierto en la ciudadanía de la Comunidad

03 mar 2021 / 21:43 H.

La Junta de Castilla y León ha cambiado hasta en diez ocasiones los criterios que sigue a la hora de aplicar o levantar medidas restrictivas contra la pandemia. De las primeras ‘reglas’ que se siguieron en mayo de 2020 -en las que se actuaba por zonas básicas de salud-, a las últimas anunciadas el pasado 1 de marzo y que serán las que regirán las próximas desescaladas... al menos hasta que se vuelvan a cambiar.

El propio Fernández Mañueco fue preguntado semanas atrás por estos vaivenes normativos y reconocía que, en efecto, han cambiado mucho a lo largo de este año, pero lo interpretaba como “la lógica adaptación a la pandemia y a la situación de cada momento”.

El común denominador de todas las pautas anunciadas por la Junta es el de ir un paso más allá en el nivel de exigencia.

Cuando toda España estaba confinada en el mes de abril, el vicepresidente Igea sorprendió cuando avanzó que para desescalar sería condición indispensable no tener ni un solo caso “en los últimos siete o catorce días”. Finalmente la exigencia bajó a cero casos en la última semana, lo cual solo era posible en determinadas zonas básicas de salud del área rural.

Durante ese mes de mayo eran las propias comunidades quienes proponían las zonas de salud -más tarde fueron provincias- que debían avanzar de fase de desescalada, y el Ministerio tenía la última palabra para anunciar si lo concedía o no.

Por entonces se marcaban unos indicadores epidemiológicos que ahora mismo se considerarían exagerados: una incidencia acumulada máxima de 30 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Extremadamente severa? No, porque el número de casos que se diagnosticaban en mayo era claramente inferior al actual. Los protocolos de Sanidad indicaban que solo se le realizaría test PCR a las personas que tuvieran criterios de ingreso o graves problemas respiratorios. El resto eran atendidos por Atención Primaria y solo se consideraban sospechosos.

Tampoco existían los test de antígenos de segunda generación ni los cribados masivos, por lo que una incidencia de 30 casos era factible.

Tras un verano relativamente apacible, el gran cambio en los criterios llegó en noviembre. Una gran ‘sentada’ de todas las comunidades autónomas sirvió para crear el semáforo de los indicadores de riesgo. En teoría iba a servir para que todas las autonomías siguieran las mismas normas, pero luego cada territorio hizo de su capa un sayo.

El semáforo estipula que por encima del riesgo extremo se pueden adoptar una serie de medidas excepcionales, pero no delimitaba esos niveles extra.

Castilla y León ‘inventó’ un limbo que partía de incidencias superiores a los 250 casos por 100.000 habitantes y llegaba hasta los 400 casos. En esa zona de riesgo extremo se permitía la apertura -con aforos al 33%- de hostelería, gimnasios y centros comerciales. Sin embargo en la desescalada de esta última hora ese criterio ya no ha servido.

“Hemos pedido al Ministerio que defina unos criterios comunes para todos sobre qué hacer en niveles de incidencia entre los 250 y los 500 casos”, recalcó Verónica Casado semanas atrás. El Ministerio ha hecho oídos sordos a su petición y la Junta ha hecho lo mismo: no ha movido ficha hasta que la situación de la Comunidad es ya propia del nivel 3.

El enésimo y último cambio de criterios en la Comunidad ha terminado de desorientar aún más a la población. Prioriza la ocupación de las ucis y exige una tendencia a la baja en el número de contagios. A partir del 22 de marzo, las posibles novedades.

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