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Martes, 31 de agosto 2021, 21:40
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Las principales preocupaciones del sector del campo en estos momentos son las posibles reformas que se van a llevar a cabo en la Política Agrícola Común, que entrarán en vigor en 2023. Desde las organizaciones agrarias como COAG y UPA han pedido al Gobierno mayor concreción y protección ante las exigencias ambientales y distributivas que llegarán con la nueva PAC, para garantizar la subsistencia de la agricultura y ganadería profesional.
El máximo responsable de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Salamanca, Carlos Sánchez, indica que “desde UPA se aboga por que la aplicación de la PAC en España apoye principalmente a los pequeños agricultores y ganaderos profesionales de carácter familiar porque si no serán los más perjudicados”.
“La ayuda redistributiva deberá ir destinada a los verdaderos profesionales del sector que paguen la Seguridad Social y que vivan exclusivamente de los ingresos de esta actividad agraria. Porque si no se va a quitar dinero a los profesionales para dárselo a los pequeños productores y que no es su principal fuente de ingresos”, argumenta Sánchez.
No es una crítica a los pequeños productores que tienen como afición esta actividad, pero desde UPA ven conveniente que el Gobierno, con el reparto del dinero de la PAC, premie más a los que verdaderamente se dedican 100% a esta profesión y solo obtienen ingresos de esta actividad y, además, permiten luchar contra el despoblamiento de las zonas rurales y son clave en el mantenimiento del medio ambiente y la biodiversidad.
Por parte de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, preocupa la manera de enfocar los ecoesquemas planteados como parte del actual Plan Estratégico de la PAC porque, en estos momentos, rechaza los planteamientos propuestos. “Los agricultores profesionales de Castilla y León tendrán que asumir nuevas exigencias lo que supondrá nuevos gastos que no se van a ver remunerados, y conllevará a la consiguiente caída en sus rentas”, asegura José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca.
En un año en que el sector de los cereales tiene un “precio aceptable” para los agricultores, el precio de los piensos, cuya elaboración se utilizan estas materias primas, “se han incrementado de manera exagerada y los ganaderos lo sufren sin tener la posibilidad de repercutir esos precios de los piensos sobre lo que producen”, asegura Cortés.
Otro problema para los ganaderos, además, de seguir sumergidos en la crisis del precio de la leche por los bajos precios llega con el proyecto de la macrogranja de Noviercas. Desde COAG calculan que la entrada en producción de esta supondría la destrucción de más de 700 puestos de trabajos en las granjas vacunas. Y por otro lado, continúan con el problema del lobo que se sigue agravando con la posible inclusión en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial. Hay que continuar con la defensa de la ganadería extensiva y del control y regulación estricta del lobo, manteniendo su estatus como especie cinegética al norte del Duero.
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