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La actual campaña de patatas es estable en cuanto a precios para el agricultor y así en Salamanca, provincia donde aún se realiza las labores de cosecha, la media que cobra el productor se sitúa en 29 céntimos el kilo, según el Observatorio de Precios de la Junta de Castilla y León con datos correspondientes a la semana del 7 al 13 de agosto, y de 30,37 en el conjunto de la Comunidad. Con un ritmo de recogida ahora más lento que la pasada semana, la tendencia apunta hacia la repetición o incluso a la subida de precios. La campaña parecía que iba a ser complicada por el aumento de la superficie de patata sembrada pero ha dado un giro.
En Europa se sembró más superficie de patata que en la campaña anterior y más tardía, por lo que existía el temor a que saliera a la vez al mercado la de diferentes zonas que ese aumento de oferta hiciera que se desplomara el precio. No obstante, ha habido una alta demanda de patata española por parte de otros países de Europa como Francia, Bélgica, Holanda o Alemania: apenas tenían guardada y la disponibilidad de patata era escasa. Allí se demanda cada vez más patata de industria.
Se exportó hacia esos países patata española desde el Sur (Andalucía y Murcia) y luego comenzaron a enviarse camiones desde zonas productoras de Castilla y León, como Valladolid o Segovia, lo que redujo la oferta en el mercado nacional.
Esa demanda de patata ha llevado a los agricultores a cosechar antes que otros años y a los almacenistas a pedirles a productores con los que tenían contratos que agilizaran el arranque. A mediados de agosto en Salamanca queda en torno a un 50% de la patata libre en la tierra, algo que suele ocurrir otros años un mes después. En la provincia de Valladolid la cosecha va aún más avanzada.
La razón es que Portugal demanda ahora patata, sobre todo variedades rojas. Otros años este país compra patata en Galicia y en Castilla y León, en concreto en Salamanca, pero este año se ha retrasado la salida al mercado de la producción gallega.
Por otra parte, las organizaciones agrarias advierten de la diferencia de precio entre lo que cobra el productor y paga el consumidor, por encima del euro el kilo. La Alianza UPA-COAG mantiene que es «vergonzoso» y que el problema es «la insuficiente Ley de la Cadena Alimentaria que aún sigue sin dar solución al problema del enriquecimiento de determinados eslabones comerciales a costa del trabajo del productor».
La Agenda 2030 aboga por reducir la huella de carbono pero a finales de 2020 la Comisión Europea prohibió el uso de productos con la sustancia clorprofam, en concreto un antigerminativo (CIPC) que permitía almacenar las patatas durante más tiempo porque evitaba la brotación. Ahora no hay alternativa a este producto y los agricultores lo sustituyen por menta o extracto de naranja pero no permite conservar las patatas más allá de mayo en España. El antigerminativo se utilizaba en toda Europa, que tiene el mismo problema. Esto ha potenciado que la patata salga de España con destino a los países europeos, recorriendo miles de kilómetros, y a partir de noviembre venga de esos mismos lugares para consumirse en el territorio nacional. El objetivo de comercio de proximidad queda desplazado.
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