29 enero 2022
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Los herederos de los remolacheros fallecidos puedan cobrar la ayuda que les “negó” la Junta

Una sentencia abre la vía para que personas en situación análoga reclamen su derecho a cobrar

01 ene 2022 / 12:08 H.
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PALABRAS CLAVE

Los servicios jurídicos de Coag Castilla y León han conseguido en los tribunales que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta pague la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha entregada en la campaña 2011/12 (solicitud 2011), y cuyo derecho a cobrar negó a los herederos de los beneficiarios que fallecieron con anterioridad a la propuesta de resolución de pago, que se retrasó hasta el 2019 por la pendencia del procedimiento judicial.

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abre la vía para que aquellas personas que puedan encontrarse en situación análoga reclamen a la Consejería su derecho a cobrar, informa la organización.

Los hechos enjuiciados derivan de la convocatoria de ayudas a la siembra de remolacha azucarera acogida a planes de competitividad para la campaña agrícola 2010 /2011. Dicha convocatoria fue dejada sin efecto por la Administración, obligada por otra sentencia ganada en 2016 por la Alianza UPA-COAG, y ello derivó en una multitud de procesos judiciales en los que la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ ordenó a la administración que siguiese hasta su finalización la tramitación del procedimiento incoado.

Seguidas dichas resoluciones, la administración autonómica otorgó las ayudas a 4.861 productores y la denegó a 627 por incumplirse por ellos el requisito de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, incluidas las de la hacienda de la Comunidad de Castilla y León y frente a la Seguridad Social.

Se trataba de personas físicas que constaban como “baja” por fallecimiento desde que se hizo la solicitud de la percepción hasta que culminó el proceso. Dichas personas, cuya pretensión fue desestimada, impugnaron tal acuerdo, de lo que resultó una resolución por la que se estimaba la queja de 395 interesados y se desestimaba la de otros 126, dentro de los cuales se hallaban quienes han promovido este proceso, representados por el abogado de Coag CyL, José Ramón Pérez Aparicio.

Ahora, en su sentencia, el TSJ llega a la conclusión “de que la parte actora en este litigio ha sido tratada de manera diferente y perjudicial a como lo han sido otras personas aquejadas de los mismos problemas”. Y ello “contradice el vigente ordenamiento y vicia la resolución que debe declararse su nulidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.1.a) de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como efectivamente se hace, con violación, como se dice, del principio de igualdad en la aplicación de la ley que pregona el artículo 14 de nuestra Ley de Leyes”

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