22 enero 2021
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La batalla por el lobo en Castilla y León

Transición Ecológica tiene como objetivo este año la protección del cánido para limitar su caza al norte del Duero

El Ministerio de Transición Ecológica tiene como uno de los objetivos de este año incorporar al lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que limitaría su caza también al norte del Duero a permisos especiales, como ocurre al sur.

Castilla y León ha mostrado a lo largo de 2020 su oposición a esta línea de la ministra Teresa Ribera y lo ha hecho desde diversos frentes. Por una parte, la comunidad se ha unido a Galicia, Asturias y Cantabria -que entre todas suman en torno al 98% de lobos de España- para mostrar ante el Ministerio su oposición a la pérdida de la condición cinegética de este animal. Defienden que esta protección especial del cánido sería contraria a las políticas llevadas a cabo en los últimos año, con las que han intentado que exista compatibilidad entre las manadas y los intereses ganaderos. En Castilla y León, que establece compensaciones de daños, se mantiene que si se suprimen los cupos de caza se propiciaría aún más la expansión de la especie y habría más conflictos con ganaderos.

Desde el Ministerio, y como consta en su “Estrategia para la conservación y la gestión del lobo”, se entiende que compatibilizar intereses de conservación del lobo y ganaderos es complejo. Establece que las ovejas son “enormemente” vulnerables ante el cánido, igual que las crías en ganado extensivo. Propone como situación ideal que el ganado esté vigilado durante el día por un pastor y encerrado por la noche y defiende la eficacia de los mastines para defenderlo.

Las organizaciones agrarias creen que este sistema es inviable e insisten en lo incompatible que es el lobo con la ganadería en provincias donde predomina el sistema de cría de ganado extensivo, como es el caso de Salamanca. ASAJA, Alianza UPA-COAG y UCCL, representativas en Castilla y León, se han sumado de hecho a la petición de las cuatro comunidades en el rechazo a la protección del lobo.

Castilla y León es la única comunidad donde existe un régimen de gestión compartido, con un estatus del lobo como cinegético al norte del Duero y protegido al sur. La mayoría de ataques del lobo al ganado se producen en provincias como Salamanca o Ávila, donde no se puede cazar al lobo. Así, en Salamanca de enero a octubre del pasado año las pérdidas de ganado por el lobo superaron las registradas en 2018 y 2019. Hubo en este último periodo 99 ataques con 245 cabezas muertas. Entre 1988 y 2001 se produjo un incremento del 35% de la población de lobo al sur de Castilla y León, que afianzó su presencia en Zamora, Valladolid y sur de Salamanca.

Los ecologistas reclaman sin embargo más protección para el lobo y presionan al Ministerio para que no cede ante las pretensiones de las cuatro comunidades autónomas que se oponen.

En Castilla y León la estrategia de oposición cuenta con el apoyo de las Cortes, que aprobó una iniciativa parlamentaria en la que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para exigir el mantenimiento del actual estatus legal del lobo. No hubo acuerdo entre los grupos políticos porque salió adelante con los votos de PP, Cs, Vox y Por Ávila; la abstención del PSOE y el voto en contra de Podemos.

Según argumentó el PP, según los datos del último censo nacional el 60,296% de los lobos de España están en Castilla y León y en los últimos años se ha producido un incremento exponencial de daños al ganado, especialmente en los territorios al del sur del Duero donde el lobo se encuentra protegido. Según el último censo del lobo -elaborado en 2012-2013- en Castilla y León se estima en 179 manadas y 1.600 ejemplares la población de la especie en Castilla y León. El censo nacional fijaba en 297 las manadas en España en el censo realizado entre 2012 y 2014.

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