18 enero 2022
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El Gobierno mantiene a los ganaderos indefensos ante el lobo desde septiembre

La Junta denuncia que no puede realizar controles poblacionales desde entonces, teme que se alargue durante 2 años más, y le pide soluciones a Transición Ecológica

21 dic 2021 / 19:54 H.
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Los ganaderos están indefensos frente al lobo desde el pasado 21 de septiembre cuando el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado -BOE- la modificación del anexo del Real Decreto 139/2011 de 4 de febrero e incluyó al lobo en el Listado de Especies Protegidas. La situación se puede prolongar durante un par de años, hasta que resuelva la Audiencia Nacional el recurso de Castilla y León contra la protección especial del lobo. De momento ha rechazado la suspensión cautelar de la Orden solicitada por Cantabria -que permitiría la caza del lobo hasta que la Audiencia resolviera- y la Junta ve la posibilidad de recurrir ante el Supremo si su demanda, semejante a la cántabra y que permitiría haber ganado tiempo, tiene un desenlace idéntico.

Según denuncia la Junta de Castilla y León, desde la publicación en el BOE ha sido imposible realizar controles poblacionales de lobo en aquellos casos de bajas de ganado en una zona concreta, a pesar de que el Real Decreto sí lo permite aunque con requisitos que el Gobierno regional considera prácticamente imposibles de cumplir. La Consejería de Medio Ambiente ha pedido al Gobierno central que le explique la “fórmula”, pero sin éxito, por lo que los ganaderos solo pueden denunciar ataques pero no pedirle a la Administración que acabe con el autor de las bajas reiteradas en una zona concreta, como ocurría hasta esa fecha.

El Decreto establece que se pueden autorizar controles siempre que se demuestre que las explotaciones han tomado medidas de precaución y control; se justifique que no afecta negativamente a la conservación de la especie; y la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas. Estos requisitos implican que desde que el ganadero denuncia ataques hasta que se adoptan medidas podrían transcurrir años y que cualquiera que acuda a la Administración por daños de lobo solo puede confiar en que se los paguen, nunca que acaben con el autor del ataque. Eso, si la explotación está al sur del Duero, como las salmantinas, porque al norte la Junta indemnizaba daños de lobo al ser especie cinegética pero al dejar de serlo por la prohibición de la caza ahora es imposible. “Los expedientes están parados desde entonces y lo que les decimos a los ganaderos es que pagaremos pero necesitamos una norma que nos avale”, señaló José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. En el periodo 2013-2018 la Junta abatió 7 lobos en controles poblaciones en Salamanca.

Para acabar con esta situación de indefensión, Arranz solo ve dos soluciones, “que la ministra cambie de opinión o que cambie la ministra”. La Junta pide diálogo y denuncia que ahora es inexistente porque hay envío de borrador, luego aportaciones de las comunidades y, a continuación, nuevo borrador, “que es el inicial pero diciendo que hemos colaborado”, denuncia.

Ahora Castilla y León espera que en enero el Gobierno presente un nuevo borrador del Plan Estratégico después de que el último fuera rechazado por 11 comunidades. Y también que con la aprobación de los presupuestos se liberen los 20 millones a las comunidades para pagar daños, lo que la ministra Teresa Ribera condicionaba a sumarse al Plan Estratégico. “Lo que creemos que sería una ilegalidad”, apunta Arranz. La Junta rechaza el Plan propuesto porque entiende que no puede haber manadas de lobo en todos los sitios, como pretende el Gobierno. “Si la dehesa funciona es porque está el ganado suelto: si existe incremento de costes, no sería rentable”, señaló.

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