Indultan a una agricultora de la provincia condenada en 2018 por alzamiento de bienes

El Gobierno ha concedido el indulto a una agricultora de la provincia que en el mes de abril de 2018 fue condenada por la Audiencia Provincial de Salamanca a una pena de dos años y seis meses de prisión y al pago de una indemnización de algo más de 36.000 euros por un delito continuado de alzamiento de bienes. En su sentencia el tribunal también condenó a su marido y a su hijo por sus tretas fraudulentas para eludir el pago de una deuda. En los últimos 25 años, poco más de medio centenar de condenados a prisión por los tribunales de Salamanca se han liberado de sus penas gracias a esta medida de gracia.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca, ha conmutado le pena privativa de libertad impuesta a Feliciana García Hernández, por otra de dos años de prisión, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.

Para la concesión del indulto, se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador, así como del Ministerio Fiscal, estimando que atendiendo a las circunstancias de la condenada y de acuerdo con la información que obra en el expediente de la misma, “concurren razones de justicia y equidad, a propuesta de la ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de diciembre de 2021”. Al parecer, los condenados ya habrían pagado la responsabilidad civil que se les impuso en condena, informan al respecto fuentes judiciales.

Tal y como en su día avanzó este periódico, la Audiencia Provincial de Salamanca declaró probado en su sentencia de 18 de abril de 2018 que, al menos por aquel entonces, el matrimonio llevaba conjuntamente una explotación agrícola-ganadera en Sepulcro Hilario, por lo que mantuvo relaciones comerciales durante años con la Sociedad Cooperativa Agro-Salamanca, dedicada entre otras actividades a la venta y reparación de maquinaria agrícola.

Como consecuencia de tales relaciones, la mercantil emitió una serie de letras de cambio aceptadas por la mujer y avaladas por su esposo, que resultaron todas ellas impagadas, originando además los correspondientes gastos de devolución.

En septiembre de 2014, la sociedad afectada inició trámites judiciales para recuperar el dinero y tras una serie de demandas cruzadas, se embargaron numerosos bienes a los acusados para poder hacer frente a las deudas.

Fue a raíz de ello cuando tuvieron lugar las operaciones fraudulentas por las que fueron condenados la pareja y su hijo, que en aquel momento estaba estudiando y preparando oposiciones.

Señaló el tribunal en sus hechos probados que los acusados adeudaban a la sociedad cooperativa 36.119,77.

El tribunal consideró además probadas las acusaciones contra los acusados de dejar sin piezas una empacadora que se les embargó para ponérselas a otra. Precisamente esta empacadora fue comprada por el hijo de la pareja el 25 de abril de 2015 en Sevilla por 1.210 euros. Luego la llevó hasta un taller de La Fuente de San Esteban y retiró las piezas mecánicas de la máquina embargada y propiedad de sus padres para instalarle la comprada en Sevilla por el precio indicado, dejando así totalmente inutilizada la embargada y sin valor económico.

La Audiencia declaró probado asimismo que el matrimonio llevó a cabo la venta de ganado (vacas, terneros e incluso un toro) dejando a la explotación sin ganado, percibiendo el importe de las ventas siempre en metálico y sin pagar en cambio las deudas contraídas con la sociedad.

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