Los salmantinos seguirán pagando en 2022 la máxima plusvalía permitida

En la ciudad de Salamanca se seguirá cobrando a lo largo de 2022 la máxima plusvalía permitida. Conforme al Real Decreto 26/2021 que aprobó de urgencia el Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el vacío que dejó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al anular el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, los ayuntamientos debían aplicar los coeficientes máximos permitidos en función del número de años durante los que hubiese generando la plusvalía hasta que, en un plazo máximo de seis meses, aprobasen su propia ordenanza. Y, así lo viene haciendo el Consistorio de la capital del Tormes desde el 10 de noviembre, un día después de la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero esta semana en la Comisión de Hacienda y el viernes en sesión plenaria se dará el primer visto bueno a la normativa municipal que traspone lo establecido por el Ministerio de Hacienda para cumplir con la resolución del TC. No obstante, para el contribuyente no cambiará nada respecto al último mes. La administración local seguirá cobrando la máxima plusvalía permitida en función de la nueva legislación. Continuará aplicando los máximos coeficientes permitidos al valor del inmueble con independencia de cuál sea el periodo durante el cual se habría incrementado, es decir, desde que fue adquirido hasta que se transmitió —desde el 0,14 cuando sea menos de un año hasta el 0,45 cuando se trate de 20 o más—.

Aunque tenía la posibilidad de haber reducido la carga impositiva de este tributo, la Concejalía de Hacienda ha optado por dejarla en máximos ya que, según apuntan fuentes municipales, prevé que con la nueva regulación nacional, que permite al contribuyente optar por la memos gravosa de las dos posibles fórmulas de cálculo del impuesto, caerá la recaudación municipal. Aún así, a los técnicos les resulta difícil calcular a día de hoy cuál será el impacto que supondrá para las arcas municipales. Desde el Área de Intervención si apuntan en su informe que la nueva ordenanza supondrá, en líneas generales, un menor impacto económico para el contribuyente —salvo cuando el incremento del valor se corresponda con cuatro años—.

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