EN FUENTES DE BÉJAR

A juicio por modificar la antigüedad de trabajadores para estafar a otro

La acusación particular solicita una pena de cuatro años en total para cada uno de ellos

14.12.2014 | 04:45

La Audiencia Provincial de Salamanca juzgará este martes al gerente y al abogado de un matadero frigorífico ubicado en Fuentes de Béjar a los que la acusación particular considera responsables de un delito de estafa procesal y falsificación de documento privado, al modificar varias cláusulas de contratos de sus asalariados para impedir que otro trabajador ganara un juicio contra la empresa por delito improcedente.

Los hechos comenzaron el 15 de febrero de 2013, cuando uno de los trabajadores del matadero bejarano, que realizaba labores en la sala de despiece y era un trabajador fijo discontinuo, demandó a la empresa por despido improcedente, alegando que el matadero había llamado a trabajar antes que a él a los otros siete asalariados, pese a que él tenía más antigüedad, por lo que según la normativa laboral tenía preferencia.

Un día antes de la vista, señalada para el 26 de febrero de 2013, los otros siete trabajadores de la sala de despiece fueron llamados por el letrado de la empresa, supuestamente para firmar de nuevo sus contratos por ser necesario para obtener una subvención. La acusación particular señala que el abogado les aseguró que no se modificaba nada, pero en realidad se cambió la categoría, funciones y antigüedad de los trabajadores, con lo cual influyó en la posibilidad de éxito en el juicio del operario que previamente les había demandado.

El gerente de la empresa también firmó los contratos de los trabajadores. Esos acuerdos se aportaron en la vista del demandante y el juicio no le fue favorable. Además, los dos acusados intervinieron en la vista, el gerente como testigo y el letrado como abogado de la empresa de Fuentes de Béjar.
Las pretensiones del demandante fueron desestimadas y le supuso, según la versión de la acusación particular, "severos perjuicios económicos". Así se acusa a los dos representantes de la empresa de estafa procesal y falsificación de documento privado, por lo que se solicita por la estafa una pena de 3 años de prisión para cada uno, y por la falsificación un año más de cárcel. Además la indemnización total ascendería a 16.220 euros. Se da la circunstancia de que el Ministerio Fiscal pide la absolución de los acusados, al considerar que aunque los hechos fueron los mismos, las motivaciones fueron diferentes.

A su vez, estima que los contratos que firmaron los 7 trabajadores no fueron impugnados en el juicio y obedecieron a un proceso de homologación en el que había que especificar con una mayor claridad los puestos de trabajo de sus asalariados. Por último, indica que esos contratos no modificaron en ningún caso las condiciones de los trabajadores que los firmaron.

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