Los trabajos comunitarios libraron a 312 personas en Salamanca de ir a prisión en 2017

Las penas alternativas a la prisión han aumentado en la ciudad de Salamanca y en 2017 fueron 312 las personas que fueron condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad frente a las 269 que lo hicieron el año anterior, según la estadística que publica anualmente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.Se trata de una medida pensada para delitos de carácter leve que, según contempla el Código Penal, busca la reeducación del condenado, que en cualquier caso tiene que aceptar esta pena a sabiendas de que se trata de una actividad no remunerada. Además, solo podrá imponerse a aquellas personas que hayan sido condenadas a menos de dos años de cárcel y que no cuenten con antecedentes penales.Bajo esta premisa, un cuarenta por ciento de los trabajos en beneficio a la comunidad estipulados en 2017 fueron para casos de violencia de género (127). Le siguen los de seguridad vial (65), delitos y faltas de lesiones (21), delitos contra el patrimonio (50) y otras faltas (49). “Aunque hay de todo normalmente es gente joven que ha cometido alguno de estos delitos leves pero sí, principalmente se derivan los casos de violencia de género. También depende en función del delito porque por ejemplo muchos de los que han sido condenados por conducir bajo los efectos de las drogas son derivados a talleres y programas específicos de seguridad vial”, explica Gabino Tejedor, jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.Entre las actividades asignadas a estos infractores, en la mayoría de los casos se trata de tareas de mantenimiento y limpieza y apoyo a diversos oficios como la albañilería, la carpintería o la cocina, aunque el juez de vigilancia penitenciaria también puede imponer otras como colaboración en eventos culturales, deportivos o tareas de carácter social como apoyo a comedores o reparto de alimentos. “Se derivan tanto a entidades públicas como privadas que tengan interés social. La mayoría van a ayuntamientos, a Diputación, y a asociaciones y ONG. Allí se les trata como un trabajador más y tienen que hacer la función que le asignen sus superiores. Cierto es que la mayoría de ellos suelen compaginarlo con su actividad laboral habitual”, relata Tejedor.No obstante, no todos ellos pudieron realizar el pasado año estos trabajos en beneficio a la comunidad y según Instituciones Penitenciarias quedó un stock de 115 casos por concluir a fecha de 31 de diciembre. “Prescrita la causa porque no tenemos recursos no ha quedado ninguna. Lo que sí puede ocurrir es que hayan comenzado los trabajos pero que no los hayan finalizado -y los estén continuando ahora- porque se hayan alargado en el tiempo por el motivo que sea.