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Los ayuntamientos se exponen a sanciones si no publican sus sueldos

Los ayuntamientos se exponen a sanciones si no publican sus sueldos

Reunión de Diputación y Subdelegación para tratar el retraso de algunos municipios en cumplir con el Ministerio de Hacienda

M.D.

Lunes, 29 de septiembre 2014, 13:16

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La Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Salamanca se reunirán en los próximos días para abordar soluciones ante el retraso de muchos municipios en enviar información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En concreto, las localidades están obligados a suministrar los datos de las retribuciones que tienen los cargos electos de las corporaciones locales, así como del personal de los ayuntamientos. Este requisito tenían que cumplirlo antes del 30 de abril. Sin embargo, un gran número en Salamanca y en toda España no han comunicado esta información al Ministerio, razón por la que el Gobierno ha encargado a las subdelegaciones acordar un sistema con las diputaciones para que los municipios cumplan y se pongan al día.Según la Federación Española de Municipios y Provincias, una de las causas más probables de este considerable retraso puede encontrarse en dificultades técnicas o en falta de medios, principalmente en el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes, para enviar la información. Al igual que ocurrió en 2013, las localidades deben utilizar el sistema ISPA, que permite el envío de los datos de manera automatizada a través de una aplicación informática que puede estar dando problemas.SANCIONESLa falta de cumplimiento de esta obligación por los ayuntamientos puede llevar sanciones que están recogidas dentro de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, según advierte la Federación Española de Municipios y Provincias. Dentro de este apartado se incluyen desde la retención de determinados ingresos, la más habitual y que ya ha sido utilizada en otras ocasiones, hasta incluso la disolución de la corporación local en casos muy extremos. La normativa también da la posibilidad al Gobierno de mandar una comisión de expertos para que se encargue de supervisar la gestión del ayuntamiento.

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