TRÁFICO

El Congreso aprobará el martes la nueva ley que obligará a llevar casco de bici en ciudad hasta los 16

El proyecto fija una sanción de 1.000 euros por conducir con presencia de drogas en el organismo

15.12.2013 | 16:54

La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente el próximo martes, día 16, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que, entre otros puntos, obliga a los menores de 16 años a llevar el casco de la bicicleta en la ciudad, tras el pacto alcanzado esta semana entre PP y CiU.

Se trata de la reforma decimosexta de la Ley de Tráfico y una "de las más importantes" de esta normativa, según indicó el ministro responsable de la reforma, Jorge Fernández Díaz, en su defensa en el Congreso de los Diputados a finales de noviembre, durante el debate de la enmienda de totalidad de IU, que pedía la devolución al Gobierno del texto propuesto, petición que fue rechazada con la mayoría del PP.

En cuanto al casco de la bici, que seguirá siendo obligatorio en las carreteras, ante la pretensión inicial de hacer siempre obligatorio el casco, sólo vigente en Australia, Malta o Sudáfrica, o para los menores de 18 años, finalmente se ha conseguido que sólo se exija su uso a los menores de 16 años.

Cambio en la velocidad
A su vez, esta normativa contempla que habrá un cambio en las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos, alcanzando los 130 kilómetros por hora en algunos tramos de carreteras, así como las sanciones económicas ante una previsible infracción.

Eso sí, en el texto que se está tramitando no especifica cómo se fijarán estos límites y se remite al Reglamento General de Circulación posterior que desarrolle esta ley. Los lugares con prohibiciones u obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso, indica el proyecto de ley del Gobierno.

Además, en este proyecto de ley se fomenta la "tolerancia cero" al consumo de drogas, "un problema al que se debía hacer frente" porque en la actualidad había "una absoluta alegalidad en la materia", según defendió el titular de Interior. El proyecto fija una sanción de 1.000 euros por conducir con presencia de drogas en el organismo, que se detectarán mediante un análisis de saliva.

Precisamente, se trata de uno de los temas en los que el PP dejó la puerta abierta a negociar el próximo martes en la Comisión de Interior, que cuenta con competencia legislativa plena para, tras aprobarla, enviarla directamente al Senado, sin tener que ser ratificada en el Pleno de la Cámara Baja.

El texto también incluye cambios en la regulación de los sistemas de retención infantil, prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), crea la Conferencia Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, que reunirá a las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias de tráfico con el Gobierno y refuerzan las labores de control y supervisión a las autoescuelas y centros de reconocimiento médicos.


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