L.G.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado orden al fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, para que se depuren "todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las cajas de ahorro" y se examine, entre otros asuntos, "si la percepción de determinadas cantidades indemnizatorias pudieran estar incursos en algún tipo delictivo". Así lo aseguró el fiscal general en una entrevista recogida en El Mundo en la que calificó de "varias y variadas" las investigaciones abiertas, algunas correspondientes a diligencias de investigación incoadas por Anticorrupción y otras ya judicializadas.
Torres-Dulce declinó señalar asuntos concretos "por la debida reserva, porque están en diligencias de investigación". Añadió que "se están investigando varios casos, los mismos en los que está pensando la ciudadanía". "Lo único que tengo que pedir es que por parte de las autoridades bancarias, y sobre todo del Banco de España, se ofrezca la más completa colaboración para que podamos llevar con efectividad estas acciones que hemos emprendido".
Según adelantó, hasta el momento las diligencias abiertas abarcan posibles delitos de estafa, apropiación indebida o falsedad documental, de naturaleza societaria y fraude fiscal. "Es decir, todas aquellas actividades que de alguna forma han podido incidir en el campo del derecho penal", señaló Torres-Dulce.
Todas aquellas actividades que por parte de los Consejos de Administración, órganos de decisión o personas que puedan tomar decisiones "hayan podido haber afectado al tráfico penal societario" se están investigando, según explicó el fiscal general. Las diligencias responden a denuncias recibidas "o bien a documentación que se nos ha presentado y obliga a la investigación".