ECONOMÍA

La Diputación aconseja paralizar el cobro de la plusvalía en los casos que fija el TC

El Constitucional, en una sentencia que afecta a la Ley de Haciendas Locales, dice que no se aplique a los que venden a pérdidas

21.05.2017 | 16:51
Bloques de viviendas en la capital salmantina.

La nueva sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que pone límites a la aplicación del impuesto de plusvalía ha puesto en alerta a los ayuntamientos salmantinos, que dudan ahora sobre qué hacer en los casos que el afectado haya vendido un inmueble urbano a un precio inferior al que lo compró, casos en los que la Justicia ya ha indicado que no se puede cobrar el tributo.

Los problemas vienen porque las ordenanzas municipales que regulan este impuesto no pueden cambiarse hasta que el Gobierno no modifique la Ley de Haciendas Locales para cumplir con la sentencia del TC. De ahí que urjan al Ejecutivo de Rajoy a que cambie cuanto antes la norma y no deje en el limbo el cobro de la plusvalía en este tipo de casos.

Ante esta situación de indefinición, Chabela de la Torre, vicepresidenta de la Diputación y diputada de Economía y de Regtsa, entiende que lo más prudente ahora es que si a los ayuntamientos les llega alguna liquidación del impuesto en el que se justifique que se ha vendido a pérdidas, esta se paralice hasta que la Ley de Haciendas Locales se ajuste a la sentencia judicial. "Si se cobra, lo más probable es que tenga que devolver el dinero al afectado y con intereses", explica.

La también concejala de Santa Marta de Tormes recuerda que el Ayuntamiento de su localidad ya inició un proceso para la devolución a raíz del primer dictamen sobre la plusvalía que emitió el Tribunal Constitucional y que solo afectaba a la Diputación foral de Guipúzcoa. Tras este anuncio, la entrada de reclamaciones para la devolución ha sido continuo, aunque ahora esperan más.

Al igual que el de Santa Marta, el Ayuntamiento de la capital salmantina ya puso en marcha en marzo un proceso de devolución. Otros como Guijuelo y Doñinos han mostrado su intención de congelar la aplicación en los casos especificados por el Tribunal Constitucional ya en la primera sentencia. Ahora, con la segunda, algunos más tienen pensado sumarse a esta iniciativa, como el de Villamayor y Ledesma, que estudiaran cada caso para comprobar si se le aplica la doctrina que defiende el Tribunal Constitucional. Otros, como Vitigudino, Carbajosa de la Sagrada o Peñaranda, no se decantan aún por una decisión o directamente se remiten a que harán lo que el legislador, en este caso el Gobierno, dictamine.

Todos coinciden en reclamar que la Ley de Haciendas Locales se modifique lo antes posible. De momento, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirma que el cambio puede incluirse dentro de la reforma de financiación local y que está a la espera del informe de la FEMP.

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