El poder de los okupas

25.08.2017 | 04:45
Susana Magdaleno

Y echaron a los okupas para alegría de los vecinos de Los Alcaldes. La Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía tuvieron una actuación sobresaliente y la amenaza del Ayuntamiento de Salamanca de suprimir las ayudas sociales encontró el efecto buscado. Por mantener la Renta Garantizada de Ciudadanía, que oscila entre los 430 y los 690 euros en función de los casos, los okupas prefirieron hacer las maletas, sacar sus muebles —prueba de que pensaban pasar allí una larguísima temporada — y marcharse con la música a otra parte, porque, como no ocultaron algunos al salir de esas casas, en el momento en el que vean otro "chollo" similar, van a ir a por él.
Y el gran problema es ese, que sin una normativa que defienda al propietario, los vecinos y dueños de los pisos okupados están desprotegidos, en manos de los jetas que toman sus casas.
Una vez que cambian la cerradura, la odisea judicial para echar al okupa puede prolongarse hasta tres años, de ahí que en las primeras mudanzas a Los Alcaldes no faltaran los muebles entre los imprescindibles. Quienes toman la vivienda por propia suelen tener derecho a justicia gratuita por la falta de ingresos económicos, por lo que para ellos recurrir las decisiones judiciales no es un problema, más bien al revés, porque les permite alargar la estancia en la casa ajena.
En este caso, los vecinos tuvieron suerte de que el Ayuntamiento de Salamanca tomara una decisión muy valiente, impropia de tiempos de buenismo, y de que los okupas no crearan más problemas y asumieran lo que ocurría con resignación, en parte por verse sorprendidos y sin otra escapatoria.

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