El pataleo y las complicidades

05.08.2017 | 04:45
Julián Ballestero

Hay políticos que se dedican a construir, a negociar y a gestionar, y otros especializados en contar nubes para apuntarse los tantos cuando los proyectos salen bien y echarle la culpa a otros cuando salen mal. En la Junta de Castilla y León abundan ahora mismo los de la segunda clase, los que han estado durante años mirando al cielo de brazos cruzados mientras la central de Garoña estaba parada. Los mismos que ahora se rasgan las vestiduras cuando el Gobierno ha ordenado el cierre definitivo de la planta nuclear.
El presidente Herrera y el consejero De Santiago Juárez, el uno por carta y el otro en declaraciones a los medios, han coordinado sus ataques tanto al Ejecutivo de Mariano Rajoy como a Nuclenor, a quienes culpan del final de Garoña. En la Junta no habrían dudado en colgarse una enorme medalla si la central hubiera sido reabierta, pero no se consideran responsables ahora que se ha decidido desmantelarla. Parece como si la decisión les hubiera pillado por sorpresa y ellos no tuvieran nada que ver en el desenlace de un culebrón que lleva más de 5 años en ´prime time´.
Había muchas cosas que el equipo de Herrera podría haber hecho desde 2012 que lleva parada la planta nuclear. Es más, sabiendo que la central tenía una vida útil de cuarenta años y que ´caducaba´ en 2011, el Gobierno regional debería haber comenzado a pensar en ´el día después´ hace por lo menos una década. No parece que la Junta haya elaborado un plan para mantener la actividad en el valle de Tobalina donde se asienta el complejo, ni hace diez años ni ahora mismo, o al menos nadie lo conoce. Ni lo ha elaborado, ni lo ha negociado, ni lo ha exigido.
Ayer mismo los pueblos de la comarca exigían al Gobierno de la nación que asuma los costes sociales de la destrucción de empleo y la pérdida de actividad económica, en una reacción comprensible, aunque desatinada. Lo que deberían pedir los municipios nucleares es que, antes de que se acabe la actividad y el empleo durante los años del desmantelamiento, las administraciones central, regional y provincial se coordinen para encontrar alternativas. No está el ´Papá Estado´ para asumir costes por el cierre de una instalación privada, sino para impulsar proyectos de futuro para la comarca burgalesa.

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