No estoy de acuerdo, ministra

03.01.2017 | 04:45
M. Vicente

Soy madre de adolescentes y sé que en no pocas ocasiones he cometido y sigo cometiendo tremendos errores en la educación de mis hijos, pero no me parece ni justo ni sensato que se nos quiera responsabilizar de todos los fallos que tengan nuestros hijos. Es cierto que somos los primeros responsables de su educación, pero no los únicos. Es algo que no podemos eludir, aunque de ahí a que tengamos que escoltarlos para saber lo que hacen en cada momento, creo que hay una gran diferencia. Por eso no puedo estar más en desacuerdo con la propuesta lanzada por la ministra de Sanidad de sancionar a los progenitores de menores que se emborrachan de manera reincidente.
Confío en que sea un globo sonda que permita abrir un debate sobre un problema que, desde mi humilde punto de vista, atañe a toda la sociedad, como lo han sido otros problemas con los que hemos dejado de ser permisivos para atajarlos como lo que son. Es el caso de la violencia, de uno o de otro signo, el tabaco u otras drogas.
A raíz de la muerte de una menor en un municipio de Madrid por un coma etílico, hemos conocido datos sobrecogedores. No ha sido un caso aislado. Cada fin de semana son muchos los jóvenes que todavía no han cumplido los 18 años y son atendidos en las urgencias con intoxicaciones etílicas.
Y yo me pregunto: ¿no hay normas en casi todos los municipios de España que prohíben el consumo de alcohol en la vía pública?, ¿no hay una ley que prohíbe explícitamente la venta de alcohol a menores?, ¿por qué no actúa la policía con mayor contundencia?
Nosotros nos tenemos que preocupar y ocupar de cómo llegan a casa cada vez que salen nuestros hijos, de formarlos para que comprendan que beber hasta perder el sentido es la peor manera de divertirse. Tenemos que hacerles ver que el alcohol tiene efectos secundarios, pero no podemos ponerles un detective cada vez que cruzan la puerta de casa para salir con sus amigos. Lo que sí puede y debe hacer la administración es tener una mayor vigilancia en los establecimientos que venden alcohol a menores, un mayor control de los mayores de edad que les compran las botellas a los menores e indudablemente establecer sanciones mucho más cuantiosas para los que de una u otra manera facilitan el acceso a las bebidas a los menores de edad.

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