No es el momento

08.12.2016 | 00:06
No es el momento

A sus 38 años, la Constitución española goza de una salud sospechosa, por fuera presenta pequeñas arrugas, por dentro está aquejada de achaques en las articulaciones y si la miras con atención sufre un exceso de grasa en la cintura. No parece el mejor diagnóstico médico para la columna vertebral del sistema democrático, destinada a sostener la convivencia en tiempos de epidemias populistas y tembladeras separatistas. Pero es lo que hay.
Cambiar la Carta Magna a estas alturas para fortalecer la osamenta del Estado frente a las zancadillas de sus enemigos podría ser una excelente medicina, si no fuera porque el equipo médico está muy lejos de ponerse de acuerdo en el diagnóstico, y mucho menos en la receta.
Lo ha señalado con mucho acierto el presidente Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo está dispuesto a escuchar las propuestas de reforma constitucional que sean razonables, pero insistiendo en que debe quedar claro "qué se quiere cambiar y qué es lo que no hay que tocar". El gallego da de lleno en la diana, y ahora todos estamos a la espera de que su partido señale cuáles son sus prioridades a la hora de modificar el texto, porque de momento no ha dado más pistas que cuatro vaguedades sobre la unidad de España y el necesario consenso.
Frente a la prudencia, rayana en la parálisis, del PP, el resto de partidos ha desplegado una amplia baraja de modificaciones y retoques que, de aplicarse al texto constitucional, dejarían a la Carta Magna como a cualquiera de estas vedetes multioperadas, que no la reconocería ni la madre que la parió, como diría Alfonso Guerra.
El PSOE plantea introducir en el ´libro sagrado de la democracia´ la enumeración de las comunidades autónomas, que ahora no están. Ciertamente, ese cambio al 99% de los españoles les trae al pairo. Más útil sería poner techo a las competencias autonómicas, enumerando las exclusivas del Estado, como propone Ciudadanos, aunque lo que de verdad necesita España es que se definan y delimiten las competencias entre ayuntamientos, diputaciones, autonomías y Gobierno central, cuyos solapamientos cuestan decenas de millones de euros cada año. Pero claro, eso supondría despedir a unos cuantos miles de enchufados y/o asesores, y no están los partidos para abandonar a su tropa.
También se propone buscar una denominación especial para catalanes y vascos, de tal guisa que se sientan a gusto en España. Empeño inútil, porque para los verdaderos separatistas, los que mandan ahora en Cataluña, la única referencia que les vale es la de "ausente". Lo demás no haría sino endulzar o retrasar su rebelión.
Modificar el artículo que fija el orden sucesorio de la Corona en favor de los varones es de cajón, aunque no requiere ni grandes consensos ni pequeños referendos. Para eso basta con un retoque puntual como los que se aprobaron en 1992 (elegilibidad de los extranjeros como concejales) y en 2011 (techo de déficit). Un poco de típex (por favor que llamen al ex ministro Caldera) y arreglado.

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