El peso de la ley sobre Caja Duero

01.06.2014 | 04:45
Julián Ballestero
Julián Ballestero

Eran tiempos maravillosos. El dinero corría a raudales por las calles y los consejos de las cajas se dedicaban a canalizar esa corriente hacia los amiguetes, los compañeros de partido, de sindicato o de patronal. Todo estaba permitido y nadie reparaba en la burbuja que su insensatez estaba creando y que a la postre estallaría llevándose por delante la prosperidad de un país. Auténticos inútiles sentados en lo más alto de los sillones del poder económico provocaron la ruina de unas entidades que habían funcionado durante más de un siglo de forma modélica. ¿Cómo pudo ocurrir tal desgracia?
Hay que remontarse a 1985 para encontrar las raíces del crimen. Fue Felipe González, el ahora reverenciado gurú del socialismo, el que ese mismo año promovió la "operación asalto" a las cajas. Hasta esos momentos habían estado controladas por las entidades fundadoras y gestionadas por profesionales de la banca. Pero el entonces presidente del Gobierno vio en ellas el gran momio para sus colegas de partido y no pudo resistir la tentación. Cambió la ley para que los políticos, los parlamentos regionales, las diputaciones y ayuntamientos, tomaran las riedas de tan seductoras entidades.
Allí podía el PSOE colocar a cientos de camaradas dispuestos a firmar lo que hiciera falta con tal de llevarse a casa unos millones de pesetas.
Luego vendría el PP de José María Aznar para entrar de hoz y coz en el mismo juego. Si los socialistas se habían forrado a cuenta de las cajas, los populares no iban a ser menos.
En Caja Duero la entrada de los politicos arrasó con cualquier vestigio de gestión profesional. El médico Julio Fermoso fue aupado por el PSOE a la presidencia de la entidad como presidente ´decorativo´, pero no tardó mucho en hipnotizar a los miembros del Consejo para cambiar su estatus al de primer ejecutivo de la caja con un sueldo anual de 360.000 euros (60 millones de pesetas).

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