Hay que salvar la calle

01.04.2014 | 04:45
M. Vicente
M. Vicente

A la pobre alcaldesa de Madrid le han llovido las críticas por plantear en voz alta la necesidad de que se habiliten zonas específicas para albergar las múltiples manifestaciones que hay cada semana en la capital de España, especialmente los sábados. Los motivos de su petición son absolutamente razonables, porque no puede estar el centro de una ciudad permanentemente tomado por protestas de toda índole y condición y el derecho a la manifestación tiene que ser compatible con el derecho del resto de los ciudadanos que no comparten el motivo de la protesta o simplemente que no quieren secundarla y éstos en no pocas ocasiones se convierten en rehenes de los violentos, como ocurrió el 22 de marzo o la semana pasada en las manifestaciones estudiantiles.
La idea creo que la compartimos muchos más que la alcaldesa de Madrid, excepto los que quieren adueñarse de la calle bajo la falsa idea de que el derecho a manifestase está por encima de todos los demás derechos. En los últimos años, coincidiendo casualmente cuando gobierna la derecha, han proliferado las manifestaciones como las setas en otoño. No hay día que no haya una protesta callejera, aunque ésta esté integrada por "cuatro gatos" sujetando una pancarta, pero el ciudadano normal tiene que soportar cortes de tráfico, desvíos y retrasos de autobuses y otros inconvenientes que complican la vida diaria o que te impiden realizar la actividad cotidiana.
Y todos estos inconvenientes son el menor de los males posibles, porque ya hemos visto cómo terminó la marcha por la dignidad el pasado 22 de marzo en Madrid. La virulenta respuesta de un grupo de radicales acabó con el ataque despiadado a la policía y daños en el mobiliario urbano por valor de más de 600.000 euros. Los desmanes callejeros se volvieron a repetir durante la huelga de estudiantes de la semana pasada, cuando el rector de la Universidad Complutense, el señor Carrillo, tuvo que llamar a la Policía porque otro grupo de "defensores de sus derechos constitucionales" impidieron a los trabajadores del vicerrectorado acceder a su puesto de trabajo, entre ellos había miembros del movimiento okupa y grupúsculos de extrema izquierda, que durante una semana habían acampado a sus anchas y habían convertido las instalaciones universitarias en un lugar insalubre y peligroso.

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