Sin dinero no hay consenso

07.04.2013 | 04:45
JULIÁN BALLESTERO
JULIÁN BALLESTERO

Cualquier reforma es buena si la bolsa suena. Y al contrario, cualquier ordenación del territorio, por muy racional y flexible que sea, no llegará a buen puerto sin un presupuesto generoso.
Y no parece el caso de este Proyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio que la Junta se dispone a enviar a las Cortes ayuno de fondos, para someterlo a un debate que se pretende sosegado y resultará sin duda agrio y encarnizado. Un texto que por fin intenta poner orden en una Comunidad plagada de entidades de población con escaso o nulo futuro, con una administración cara y dispersa, sobre la base de criterios racionales e incluyendo el acierto de dar legitimidad a las diputaciones con el voto directo a los diputados.
Pero el problema no reside en el diseño sino en sus resultados. Y la Ley supondrá a medio plazo la desaparición de un alto porcentaje de pequeñas localidades donde se dejarán de prestar servicios. Eso es lo más parecido a una contienda generalizada, porque a ver qué alcalde da la cara ante sus vecinos para anunciarles que ha aceptado la defunción como mal menor. Muy duro.
Con toda su buena voluntad, los promotores de la revolución del mapa poblacional de Castilla y León no han conseguido un mínimo consenso, ni siquiera entre los alcaldes y presidentes de diputaciones y mancomunidades del PP. En las filas populares la Ley ha sido negociada y explicada durante meses y meses, pero el único acuerdo al que llegaron los cargos del partido se resumió en la necesidad de ralentizar y serenar la tramitación del texto. Y ni siquiera eso se ha cumplido, porque el proyecto avanza a velocidad de crucero, sin esperar a que el Gobierno acabe de definir su propio marco normativo con la Ley Montoro.

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