CATALUÑA

Multa de 12.000 euros al día a los síndicos del 1-O

El Tribunal sanciona a los responsables electorales encargados del seguimiento del referéndum

21.09.2017 | 17:07
Oriol Junqueras.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha acordado de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura creada por el Parlament para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros.

La decisión se ha alcanzado por unanimidad, pero tres de los doce magistrados del tribunal de garantías --Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer-- han redactado un voto concurrente en el que discrepan de la argumentación de la mayoría aunque hayan votado a favor de la medida, que es de carácter coercitivo.

Esto quiere decir que las multas --cuya finalidad no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones--, sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE de la presente resolución.

Se les exige, concretamente, la revocación de todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia de los síndicos a sus cargos

LOS MULTADOS

La Sindicatura Electoral está compuesta por los juristas Marc Marsal, Marta Alsina y Josep Pagès, y los politólogos Jordi Matas y Tània Verge, que deberán informar ahora de sus actividades al tribunal de garantías.

Sobre los territoriales, reparten sus funciones entre la sindicatura de Aran (Carme Vilanova Ramon, presidenta; Vicens Bitrià Àguila, vocal, y Armand Simon Llanes, secretario) Barcelona (Roc Fuentes i Navarro, presidente; Susana Romero Soriano, vocal; Antoni Fitó i Baucells, secretario); Girona (Jordi Casadevall Fusté, presidente; Josep Maria Llistosella i Vila, vocal; Jordi Díaz Comas, secretario) y Lleida (Mariona Lladonosa Latorre, presidenta; Alexandre Sàrraga Gómez, vocal; Simeó Miquel Roé, secretario) y Tarragona (Xavier Faura i Sanmartin, presidente; Montserrat Aumatell i Arnau, vocal, Marta Cassany i Virgili, secretaria).

Además el Pleno ha acordado poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que éste proceda, "en su caso, a exigir la responsabilidad penal" a los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya y a los miembros de las sindicaturas de demarcación. Esta decisión llega después de que la Fiscalía se haya querellado ya contra todos ellos en un procedimiento penal que se tramitará por el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona.

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