CORRUPCIÓN

La Policía traslada de Madrid a Barcelona a Pujol Ferrusola y registra su domicilio y el de su padre

Se le imputa una evasión fiscal de al menos 30 millones de euros desde 2012

26.04.2017 | 09:46
Jordi Pujol Ferrusola.

Agentes de la Policía Nacional registran este miércoles los domicilios del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su hijo, Jordi Pujol Ferrusola, por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el patrimonio familiar, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas han señalado que, tal como prevé la ley, Jordi Pujol Ferrusola está presente en el registro de su domicilio y ha sido trasladado con ese fin desde Madrid a Barcelona esta madrugada.

Este martes, tras declarar ante la Audiencia Nacional, el juez ordenó su entrada en prisión incondicional por la evasión fuera de España de un "mínimo" de 30 millones de euros desde que se comenzó a investigar al clan en 2012.

Fuentes policiales han precisado que este miércoles está previsto registrar varios despachos, además de domicilios: en el caso de la vivienda de Pujol padre, de ella se ha visto salir al expresidente poco después de las 9.00 horas en coche sin hacer declaraciones, ya que no está obligado a estar presente en el registro porque la operación se centra en su primogénito.

En el auto de ingreso en prisión de Pujol Ferrosola, el juez De la Mata da cuenta de la estrategia seguida por el primogénito del clan para sacar capitales de España y que consistiría en crear negocios ficticios.

Entre ellos, la supuesta operación de préstamo a Benjamín Buzali Aguilar o los supuestos préstamos concedidos por Bernardo Domínguez Moreno, así como una "ficticia donación" a su hija o la simulación civil de escisión patrimonial del investigado y su exmujer.

Una segunda actividad consistiría en la existencia de activos patrimoniales en el exterior, ostentados a través de sus sociedades instrumentales Iniciativas Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Translation, Inter Rosario y otras, gran parte de los cuales serían, según el juez, "conexos con operativas de blanqueo de capitales" con el objetivo de mantenerlos ocultos a la Hacienda española.

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