ITV

La Junta, obligada a subir las tarifas de la ITV en Castilla y León

El Supremo confirma una sentencia del TSJCyL tras una petición de las concesionarias para incrementar los precios

02.01.2017 | 10:29
Estación de ITV de Los Montalvos.

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la actualización automática de tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la que los concesionarios del servicio en la Comunidad de Castilla y León tenían derecho según la normativa y sus contratos de concesión, en contra de la congelación de las mismas acordada por la Administración regional.

El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, desestima así el recurso de casación interpuesto por la Junta contra la sentencia, de idéntico tenor, dictada el 24 de febrero de 2015 por su homóloga del TSJCyL, que consideraba nula la resolución de la Dirección General de Industria y Empleo por la que el 2 de julio de 2012 se acordó la congelación de las tarifas a percibir ese ejercicio por las concesionarias de la ITV en la Comunidad.

Y es que la sentencia, que condena en costas a la parte recurrente--le impone 6.000 euros--, entiende que la Junta está obligada a la revisión de las citadas tarifas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), sin que tal medida pueda entenderse como una "suerte de potestad discrecional" otorgada a la Administración regional.

"En todos los ejercicios precedentes--como incluso se pone de relieve en el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Empleo--se ha procedido a la actualización de las tarifas en la forma postulada por la asociación recurrente, por lo que ante tan obvios precedentes tenidos en cuenta por la Administración no se ve razón alguna para que se haya procedido en los actos recurridos en sentido contrario", precisa la sentencia del TSJCyL ahora confirmada por el Supremo.

COMPENSACIONES MILLONARIAS
De confirmarse otras sentencias en sede casacional relativas a la congelación de las relativas a 2013, 2014 y la rebaja del 20 por ciento establecida en 2015, también recurridas por las concesionarias, la Junta se verá obligada a incrementar las actuales tarifas de ITV en Castilla y León así como a abonar millonarias indemnizaciones a las empresas de la Asociación de Entidades para la Inspección Técnica de Vehículos (AECyL-ITV), integrada por Itevelesa, Itevecasa y Atisae.

Así, fuentes próximas a la asociación cifran en más de 7,5 millones la cantidad que habría de abonar la Junta sólo para compensar los perjuicios ocasionados en 2012 por la no actualización hasta la fecha de hoy con arreglo al IPC, si bien añaden que las compensaciones podrían superar los 230 millones, sin incluir intereses, si los próximos fallos judiciales también le son favorables y si se tiene en cuenta que la adjudicación del contrato no expira hasta 2029.

En diciembre de 2011, la Junta decidió no actualizar las tarifas de los concesionarios de ITV en la Comunidad para el año 2012. A esa congelación tarifaria le siguieron las de los años 2013 y 2014.

Adicionalmente, en enero de 2015, la Administración regional dictó una Orden para rebajar en un 20 por ciento el precio de las ITV porque, según se justificó entonces, eran las más caras de toda España.

LOS TRABAJADORES DE ITEVELESA, A LA EXPECTATIVA

Por otro lado, la representación de los trabajadores de la principal concesionaria castellanoleonesa, Itevelesa, está a la expectativa de las posibles negociaciones que están manteniendo con la Junta los nuevos accionistas de Grupo y su consejero delegado puesto que las congelaciones tarifarias y los recortes aplicados por la Administración regional afectaron a sus ingresos desde 2012 así como a los términos de la negociación de su convenio colectivo, dada la delicada situación en que se encontraba la compañía en aquellos momentos.

Las movilizaciones de la plantilla de Itevelesa, que fue a la huelga en el verano de 2015 e incluso protagonizó un encierro en la sede de la ADE en Arroyo de la Encomienda, concluyó con el compromiso de la compañía--se firmó un convenio para cuatro años, con congelación salarial e incremento de horas--de efectuar una revisión de los acuerdos laborales vinculada al éxito de los procedimientos judiciales seguidos por la compañía.

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