POLÍTICA

Varapalo jurídico de los letrados de las Cortes a la Ley de Altos Cargos

Alertan de que la Comisión de Ética Pública, presidida por un consejero, "podría cesar al propio presidente" | Ven llamativo que los consejeros puedan permanecer más de 8 años cambiando de área | Aseguran que puede vulnerar la Constitución en cuanto a la presunción de inocencia

08.11.2016 | 09:50
El presidente de la Junta, algunos consejeros y procuradores, en un pleno.

Los letrados de las Cortes de Castilla y León dan un serio varapalo al proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos. Critican que la Comisión de Ética Pública, que estará presidida por un consejero, pueda en su caso "cesar a cualquier miembro de la Junta de Castilla y León, incluido el propio presidente".

También apuntan que no es propio de la tradición parlamentaria limitar el tiempo de mandato de los presidentes y el resto de los miembros del Gobierno. "La limitación de mandatos del presidente de la Junta es más propia de las formas de gobierno presidencialistas que de la forma de gobierno parlamentaria, que es la existente en nuestra Comunidad (...) y el lugar para la regulación que se pretende es el Estatuto de Autonomía y no una ley de la Comunidad". "Es muy llamativo", dicen, "que se limite la permanencia del presidente de la Junta, que a fin de cuentas es quien asume la máxima responsabilidad de un proyecto político ante el electorado y quien recibe la confianza política de las Cortes, y que, en cambio, se permita ser consejero indefinidamente, bastando con modificar cada 8 años la denominación de la Consejería de que se trate".

Principio constitucional
"Resulta totalmente inadecuado", sostiene uno de los informes, "que un proyecto de ley que tiene por objeto regular el estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad introduzca normas sobre la reelección de los presidentes y titulares de las instituciones propias de la Comunidad".

Los letrados de la Cámara de Castilla y León también alertan de que se puede incurrir en una vulneración de la presunción de inocencia, un principio que está consagrado en la Constitución, al apartar de su responsabilidad a un alto cargo contra el que se haya abierto juicio oral por delito contra la Administración, que podría ser absuelto.

Los juristas de las Cortes advierten, además, de "la imposibilidad de tratar un procedimiento administrativo sancionador cuando se está instruyendo simultáneamente un procedimiento por la jurisdicción penal".

Uno de los informes apunta que tal y como está redactado el proyecto de ley, las nuevas incompatibilidades serían de aplicación a los nuevos procuradores que pudieran acceder a las Cortes regionales durante esta legislatura si renuncia alguno de los parlamentarios actuales en la Cámara. "Lo correcto es que el nuevo régimen de incompatibilidades sea de aplicación a los procuradores electos en las siguientes elecciones autonómicas", sostienen los juristas.

Pese a que el proyecto de Ley deja en manos de la Comisión de Ética Pública la resolución de los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas cometidas por los altos cargos, los juristas de la Cámara ven que hubiera sido más aconsejable "haber confiado estos procedimientos sancionadores a la propia Junta de Castilla y León a través de su Consejo de Gobierno, o, al menos, haber previsto la posibilidad de recurrir en alzada ante éste las resoluciones dictadas en esta materia por la Comisión de Ética Pública".

Los letrados también ven que la Comisión de Ética Pública tiene "una marcada componente política", ya que en el proyecto de ley se prevé que esté presidida por "el titular de la Consejería a la que esté adscrita la Inspección General de Servicios, "que la presidirá" y que tendrá entre sus miembros a "tres expertos designados por la Junta de Castilla y León entre catedráticos y profesores universitarios del ámbito del Derecho".

Serias carencias legislativas
Para colmo de despropósitos, los letrados de la Cámara también sostienen que el proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos tiene serias carencias legislativas y que, en contraste con la norma estatal podría nombrarse a "un golpista" para un alto cargo en la Región. En el proyecto de legislación regional "resulta llamativo que se reduzcan extraordinariamente las causas excluyentes de la honorabilidad para ocupar un alto cargo (...) y que tanto en la ley estatal como en el proyecto de ley delitos gravísimos como el asesinato o la violación reciban un tratamiento jurídico más favorable que otras infracciones penales".

Los juristas critican también que el proyecto de ley considere "compatible con la condición de alto cargo" que la persona en cuestión "tenga participación en una empresa que recibe subvenciones provenientes de cualquier Administración Pública", mientras que la ley estatal lo prohíbe si tiene más del diez por ciento de las participaciones.

Además, los letrados de la Cámara ven que en el proyecto de ley regional existe "un régimen más benigno que en la ley estatal" al prohibir a los altos excargos prestar servicio en entidades privadas afectadas por decisiones en las que participaron individual y directamente o cuando se reincorporan a una entidad privada en la que prestaron servicios antes de su nombramiento.

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