La propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2014 prevé establecer un techo máximo de 300.000 euros por explotación. Para calcular este tope o ´capping´ el Ejecutivo comunitario plantea que se descuenten los salarios de los empleados declarados en el año anterior, así como impuestos y contribuciones a la Seguridad Social. El Estado Miembro recuperará este dinero y lo destinará a invertir en innovación e investigación, según explicó este miércoles el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos.
La reforma mantiene los dos pilares básicos de la PAC, el destinado a la agricultura y ganadería y el desarrollo rural. El primero está financiado por las arcas comunitarias y contempla como una de las novedades más destacables la eliminación progresiva de los criterios históricos, de los que se aprovecharán países como España o Francia, hasta que en 2019 se establezca un pago uniforme por hectárea en toda la Unión Europea. Además, se premiará con un pago adicional a todos los agricultores que hagan esfuerzos medioambientales.
El segundo pilar, el de desarrollo rural, está cofinanciado por los estados miembros o por las regiones. La reforma dejará prácticamente igual este régimen, aunque introduce nuevas prioridades relacionadas a las ayudas. Serán entre otras la mejora de la competitividad, la promoción de la cadena alimentaria y la organización de riesgos, la conservación y mejora de los ecosistemas y la promoción de la eficiencia de los recursos.
La nueva PAC propone mantener los ratios tradicionales de cofinanciación para la mayoría de los pagos, pero pueden aumentar si se apuesta por la innovación, la cooperación, la creación de grupos de productores o pequeños subsidios para los agricultores jóvenes.
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